A través de su cuenta de X, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, en el que exigió que se mantenga al margen de la investigación que se adelanta por el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía General de la Nación está al frente de las indagaciones y, hasta el momento, ha logrado la identificación y judicialización de siete personas presuntamente vinculadas al crimen. Sin embargo, el primer mandatario ha dado declaraciones públicas en las que ha hablado de teorías sobre los hechos. Esto, sin presentar ningún tipo de sustento.
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En consecuencia, pidió que no intervenga más en la investigación. “Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo Miguel. Suficiente daño ya ha causado”, escribió el padre del senador y precandidato presidencial, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, y que falleció el 11 de agosto, tras dos meses de lucha por su vida.
El comentario del aspirante a la Presidencia, que decidió tomar las banderas políticas de su hijo, surgió luego de que la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa los intereses de la familia, emitiera un comunicado rechazando una denuncia que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en relación con el caso.
La denuncia en cuestión la hizo el abogado Alejandro Carranza, en calidad de representante judicial del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro. En su queja, advirtió sobre una presunta instrumentalización del asesinato de Miguel Uribe Turbay y de la creación de “narrativas en contra del presidente” ligadas al magnicidio.
La firma reaccionó, calificando las afirmaciones del abogado como un “grave acto de desinformación”. “Revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana. El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política: es una causa de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y un atentado contra la libertad política y el Estado de derecho”, indicó.
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