La semana pasada, un dron sobrevoló la cárcel Sevilla I, en la localidad de Alcalá de Guadaira. El vuelo fue lento, el aparato planeó sin problemas, sin ser captado o inhibido, hasta llegar a las ventanas de las celdas de los internos. El dron desprendió una bolsa que cayó al patio de unos de los módulos. Una sombra estaba esperando el paquete y se lo llevó. La hazaña está colgada en redes sociales. La semana anterior, los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre que había hecho llegar móviles y drogas a la cárcel catalana de Brians 1 con otro dron. El Centro Penitenciario de Palma de Mallorca ha alertado a la Fiscalía de la “proliferación de drones” que se utilizan para introducir en el recinto teléfonos móviles y sustancias estupefacientes destinadas a los internos.
Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio del Interior, ya ha detectado que los drones empiezan a ser un problema en las cárceles españolas. Esta misma semana, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de emergencia para diversas contrataciones. Una de ellas era para la compra de “sistemas de detección, identificación, seguimiento, monitorización y neutralización portátiles de aeronaves no tripuladas UAS para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de los centros penitenciarios, por valor de 4 millones de euros”. Es decir, para interceptar drones.
Joaquín Leyva, portavoz del sindicato Acaip-UGT, explica a Infobae España que “este es un problema creciente, por varias razones. En primer lugar, porque son prácticamente indetectables, salvo por observación directa, Segundo, por lo peligroso de lo que pueden llegar a transportar. En principio los detectados portaban drogas o móviles, pero el riesgo es que puedan introducir armas u otros elementos peligrosos, además de la vulneración de seguridad al poder realizar fotografías y vídeos de las instalaciones y medios de seguridad”. Los trabajadores de las cárceles están acostumbrados a dos formas clásicas con las que los presos intentan meter dentro objetos prohibidos como teléfonos móviles y drogas: que alguien se lo lleve en un ‘vis-a-vis’ autorizado, o que los introduzcan ellos mismos al volver de un permiso.
Pero hay una tercera modalidad más reciente, que consiste en que alguien, desde fuera, les haga llegar lo que sea con un dron. En su totalidad se utilizan para transportar drogas (heroína, cocaína, hachís), psicofármacos, teléfonos móviles de última generación, tarjetas SIM o cargadores de móviles. Además, según fuentes policiales, ya hay hasta grupos organizados que se dedican a hacer este ‘teleservicio’ a los presos que les pagan por ello desde la cárcel. Instituciones Penitenciarias, que registra este tipo de incidentes desde el año 2017 (cuando se interceptaron seis drones), no ha dado de momento más detalles sobre este sistema que Interior quiere adquirir para localizar y neutralizar a los drones. Hay que recordar que la vigilancia exterior de los centros penitenciarios está asignada a la Guardia Civil y a empresas de seguridad privada.
Difíciles de detectar
El sindicato ACAIP-UGT tiene contabilizados 23 drones que fueron detectados en 2024 en distintas prisiones. “Estos son los datos de Instituciones Penitenciarias, a los que habría que sumar aquellos que detecta la Guardia Civil. El principal problema es que son muy difíciles de detectar. Lo que sí podemos valorar son los riesgos que conllevan. Llevamos mucho tiempo reclamando medidas de seguridad pasiva como inhibidores de frecuencia, de manera que se imposibilite al máximo el vuelo de drones. Es una quiebra a la seguridad de los centros penitenciarios que debemos evitar”, sentencia Leyva.
La última Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, publicada en julio de este año, recuerda que “los drones comerciales se vienen utilizado para pasar de contrabando objetos en las prisiones, fundamentalmente droga y teléfonos móviles lo que facilita la continuación de la actividad criminal en el interior de las prisiones, además de elevar el riesgo de fuga de los internos presos. Para algunas organizaciones criminales la introducción de armas a través de este tipo de drones en centros penitenciarios, utilizando las posibilidades del GPS y otras señales de navegación satelital, es una opción de fácil acceso y que comprometería al máximo la seguridad penitenciaria, de la misma manera que el empleo de medios aeroespaciales para la evasión de internos constituiría una relevante amenaza».