El superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, informó que cerca de 300 mil ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú por la frontera de Tumbes entre los años 2017 y 2019 no cuentan actualmente con registro actualizado en el sistema migratorio, por lo que se desconoce si permanecen en el país o si salieron sin control. La información fue expuesta durante la Audiencia Pública de la Comisión de Relaciones Exteriores, realizada el viernes 5 de diciembre en el Auditorio del Gobierno Regional de Piura.
García explicó que durante ese periodo se vivió uno de los flujos migratorios más altos en la historia reciente del país. Según señaló, las bases de datos registran la entrada de estas personas, pero el rastro documental se pierde luego del ingreso inicial, lo que impide determinar su situación actual. “Sabemos que entraron al Perú porque están en la base de datos, pero no se sabe más de ellos”, indicó.
El funcionario recordó que en aquellos años se vivieron jornadas particularmente intensas en la frontera norte. “Veíamos 20 mil o 25 mil personas todos los días”, comentó. Sin embargo, la falta de controles posteriores y la ausencia de trámites de renovación hicieron que este grupo quedara fuera de los registros actuales, lo que representa un problema para la estimación real del número de migrantes en el país.
Crecimiento migratorio
Durante su exposición, García detalló que, desde 2017 a la fecha, casi 1,2 millones de ciudadanos venezolanos han pasado por los registros de Migraciones. De ellos, aproximadamente 600 mil se encuentran en situación regular o en proceso de regularización. El resto corresponde a personas que no actualizaron documentos como el PTP, CPP o carné de extranjería, además de aquellos con ingresos irregulares y sin registro migratorio reciente.
Asimismo, el superintendente indicó que el Perú registra una problemática estadística similar a la de otros países de la región, debido a la naturaleza cambiante de la movilidad humana y a la porosidad de las fronteras sudamericanas. Señaló que la migración irregular continúa ocurriendo diariamente, con ingresos y salidas fuera de los controles oficiales.
García recordó que en 2017, cuando él ingresó a trabajar a Migraciones, el país tenía en su base menos de 100 mil extranjeros. El salto a más de un millón en pocos años evidencia, dijo, la magnitud del fenómeno migratorio y la necesidad de actualizar marcos normativos y herramientas de gestión.
Solicitantes de refugio
El superintendente también explicó que el número de solicitantes de refugio en el país bordea los 400 mil, aunque precisó que esta información es manejada por Cancillería, debido a que los solicitantes tienen un “manto de protección internacional” que mantiene en reserva ciertos datos. Por ello, no se conoce cuántos de estos solicitantes se encuentran dentro del universo general de ciudadanos venezolanos registrados por Migraciones.
García sostuvo que el marco legal actual del refugio, basado en acuerdos internacionales antiguos, fue diseñado para contextos muy distintos y con volúmenes bajos de personas. En su opinión, el cambio del escenario migratorio exige una actualización normativa que permita ordenar el sistema. “Estamos en otro contexto completamente distinto”, afirmó.
Finalmente, el funcionario señaló que la delegación de facultades que actualmente debate el Congreso incluye un párrafo referido a la posible modificación de la Ley de Refugio. García consideró que esta reforma permitiría mejorar la gestión y adelantó que, desde su punto de vista, el refugio “no debería pedirse en territorio nacional”, planteamiento que, dijo, debería evaluarse dentro del nuevo marco legal.