El Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador asumió la responsabilidad de centralizar la estrategia para enfrentar las amenazas relacionadas con los Hermanos Musulmanes, generando reportes periódicos que permiten una actualización constante de los controles y la adaptación de las respuestas estatales. Entre las nuevas disposiciones dictadas bajo la administración de Daniel Noboa, el decreto ejecutivo firmado el 2 de diciembre declaró a la organización islamista Hermanos Musulmanes como grupo terrorista en el país, tras recibir informes de inteligencia que detallan operaciones atribuidas a dicha red en territorio ecuatoriano. Según publicó Primicias, esta decisión surge tras una alerta sobre el potencial de la agrupación para alterar el orden interno y las instituciones nacionales.
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia y entregado el 12 de noviembre fue el fundamento principal para este cambio de política. La nueva normativa implica la actualización y centralización de la base de datos de seguridad nacional, enfocada en personas y empresas vinculadas a presuntos riesgos, además de habilitar canales expeditos para el intercambio de datos entre entidades locales y aliadas extranjeras. Primicias detalló que el esquema establece un sistema estricto de monitoreo sobre los antecedentes migratorios, financieros y de comunicaciones de las personas procedentes de zonas señaladas por sus posibles conexiones con la organización considerada ahora como terrorista.
El principal objetivo de estas medidas consiste en impedir que supuestos integrantes o colaboradores de los Hermanos Musulmanes puedan acceder, residir o instalarse en el país. La estrategia incluye controles reforzados en aeropuertos y fronteras, con enfoque en viajeros e inmigrantes provenientes de regiones identificadas tradicionalmente por su relación con movimientos islamistas. Autoridades ecuatorianas diseñaron filtros más rigurosos para el registro y examen de antecedentes, en un intento por anticipar y bloquear ingresos de individuos con vínculos activos, así como riesgos derivados de la utilización de vacíos regulatorios.
Asimismo, el monitoreo se extiende al seguimiento de transferencias bancarias, movimientos migratorios y operaciones digitales consideradas sospechosas o vinculadas al funcionamiento de la red islamista, según consignó el medio Primicias. Las entidades de seguridad, migración y finanzas del país tienen la instrucción de remitir informes de manera constante al Poder Ejecutivo, permitiendo la toma de decisiones basada en información respaldada por estándares y lineamientos internacionales.
La cooperación internacional ocupa un lugar central en esta política. Ecuador ha fortalecido los canales de intercambio de datos con Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, adoptando protocolos bilaterales de alerta temprana y medidas de vigilancia conjunta sobre individuos y operaciones de interés conectadas potencialmente con los Hermanos Musulmanes. De acuerdo con Primicias, este enfoque internacional se basa en que ambos países ya han incluido a la agrupación dentro de sus listas de organizaciones consideradas terroristas, y han impulsado en foros multilaterales la extensión de la política de tolerancia cero frente a estos grupos.
En el contexto de dichos acuerdos, Primicias recordó que el gobierno de Estados Unidos, mediante una orden ejecutiva firmada el 24 de noviembre bajo la administración de Donald Trump, reconoció el vínculo de células de los Hermanos Musulmanes con hechos violentos y movimientos palestinos. El medio citó un comunicado de la Casa Blanca que afirmaba: “los Hermanos Musulmanes, Hamás y Hezbolá participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización”, y señalaba que estos hechos comprometen la seguridad tanto nacional como internacional.
El monitoreo migratorio resulta uno de los instrumentos destacados en el plan ecuatoriano. El sistema se enfoca en documentar exhaustivamente los antecedentes de quienes buscan entrar al país desde regiones asociadas con actividades islamistas e impedimentar el asentamiento de sospechosos. El rastreo de movimientos económicos permite localizar operaciones que pudieran financiar redes ilícitas, mediante alertas sobre transacciones sospechosas gestionadas a través de entidades bancarias nacionales e internacionales.
A nivel operativo, las autoridades han establecido mecanismos estrictos para el rastreo de entradas y salidas de personas y el seguimiento de actividades digitales potencialmente vinculadas a redes terroristas. La información sobre patrones atípicos orienta estas acciones, permitiendo la detección temprana de amenazas emergentes. El control no solo abarca a individuos relacionados directamente con el grupo, sino a aliados indirectos, empresas pantalla o cualquier canal que facilite la logística de la organización.
El modelo ecuatoriano exige la elaboración y revisión periódica de reportes por parte de los organismos implicados, estableciendo procedimientos de transparencia que puedan ajustarse a criterios internacionales. Estos informes permiten una adaptación dinámica de las políticas de seguridad, en función de los niveles cambiantes de riesgo identificados en los partes de inteligencia, según reportó Primicias.
Durante gestiones celebradas en Emiratos Árabes Unidos, el presidente Noboa reafirmó ante interlocutores extranjeros que la agenda y objetivos de los Hermanos Musulmanes resultan incompatibles con las prioridades de seguridad y desarrollo planteadas por Ecuador. Aquí se consolidaron medidas de cooperación enfocadas en ubicar y perseguir a eventuales miembros o simpatizantes que puedan intentar utilizar el territorio nacional como plataforma para sus fines.
La normativa vigente permite, además, la actualización constante del registro nacional de entidades de alto riesgo, aplicando un enfoque metodológico que otorga prioridad a la identificación ágil de patrones, antecedentes y operaciones inusuales en el sistema financiero y de seguridad. El fortalecimiento de los intercambios de inteligencia y la articulación de respuestas rápidas ante nuevas amenazas buscan evitar que las redes logren insertarse en el país a través de la explotación de vacíos legales o puntos débiles administrativos.
Primicias afirmó que la preparación y entrega constante de partes de inteligencia responde a la necesidad institucional de proteger el país ante riesgos transnacionales derivados de la actividad de redes islamistas. El proceso supone el compromiso de las agencias estatales para mantener la actualización permanente de las metodologías de control, a la vez que se sostiene la colaboración continua con socios internacionales para la transferencia de datos y la ejecución de estrategias conjuntas de vigilancia y contención.
Mediante este esquema, la administración de Noboa apunta a limitar las posibilidades de infiltración y robustecer la respuesta estatal frente a cualquier señal de amenaza relacionada con los Hermanos Musulmanes u otras organizaciones etiquetadas como hostiles bajo normativa nacional e internacional, según concluyó el medio Primicias.