La investigación sobre la posible aplicación de protocolos discriminatorios en la derivación hospitalaria de residentes en centros de mayores ha puesto de relieve la relevancia de la documentación interna, como correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, que intercambiaron los responsables durante la gestión de la primera ola de la pandemia. El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba solicitó a Francisco Javier Martínez Peromingo, ex alto funcionario de la Comunidad de Madrid, que aporte estos registros como evidencia de sus advertencias sobre el carácter supuestamente restrictivo de los protocolos empleados, según publicó Europa Press.
De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el juzgado requiere a Martínez Peromingo la entrega de toda la correspondencia, tanto escrita como electrónica, que demuestre las comunicaciones mantenidas con el entonces director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, respecto al contenido de los documentos que establecieron los criterios para las derivaciones hospitalarias desde residencias en marzo de 2020. Dichas fuentes jurídicas citadas por el medio señalan que Martínez Peromingo integró el grupo encargado de elaborar los protocolos que posteriormente se remitieron a los equipos de geriatría, y que él mismo sostiene haber expresado en varias ocasiones, por vías formales y digitales, su desacuerdo con los criterios que consideraba discriminatorios.
El proceso judicial tiene su origen en el fallecimiento de una residente en Sanitas Torrelodones y se centra en esclarecer si hubo decisiones que obstruyeron el acceso igualitario a la atención hospitalaria para personas mayores residentes en centros de la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria por COVID-19. Según detalló Europa Press, la investigación involucra a los responsables directos de los llamados “protocolos de derivación”, incluyendo tanto a altos cargos como a los geriatras de enlace de los hospitales Puerta de Hierro y Gregorio Marañón, quienes recibieron la función de poner en práctica estas directrices en las residencias del área.
Martínez Peromingo ha manifestado que las advertencias sobre las consecuencias de los protocolos se documentaron y transmitieron de manera formal a Carlos Mur, utilizando tanto el correo electrónico institucional como mensajes de WhatsApp. Estas comunicaciones, afirmó el ex funcionario, permiten acreditar que se opuso a la implementación de criterios que dificultaban el acceso hospitalario para ciertos pacientes en residencias, explicó Europa Press.
La aportación de la correspondencia privada entre Martínez Peromingo y otros responsables se considera un elemento relevante que podría influir significativamente en su situación procesal, ya que el magistrado evalúa si esta documentación respalda o contradice la acusación de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, según consignó el medio. A medida que avanza la instrucción, la Fiscalía y la abogada que representa a las familias de las víctimas revisan en detalle el proceso de toma de decisiones que orientó el diseño, la aprobación y la remisión de los protocolos de actuación, haciendo énfasis en el papel desempeñado por cada uno de los altos funcionarios y equipos médicos involucrados.
La causa involucra también a Carlos Mur y a Pablo Busca, responsable del área de ambulancias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Europa Press reportó que ambos fueron citados a declarar ante el juzgado, pero no comparecieron en la convocatoria más reciente, conducta que repitieron respecto a una citación previa. La abogada de las familias indicó su intención de solicitar la emisión de una orden de busca y captura para los dos investigados, alegando que su ausencia podría interpretarse como una estrategia para eludir la acción de la justicia.
El alcance de la investigación abarca no solo la redacción de los protocolos y su comunicación a los equipos médicos en las residencias y hospitales, sino también la existencia y el posible impacto de las advertencias específicas que estos funcionarios hayan manifestado sobre la restricción u obstrucción del acceso a la atención sanitaria. Los requerimientos judiciales buscan aclarar si se adoptaron criterios que impidieron a residentes hospitalización en igualdad de condiciones y bajo qué argumentos se basaron las decisiones tomadas por los altos cargos responsables durante el periodo crítico inicial de la pandemia.
Las diligencias incluyen el análisis de los documentos que circularon entre los implicados y las decisiones operativas adoptadas en las residencias vinculadas con los hospitales Puerta de Hierro y Gregorio Marañón. Los geriatras de enlace, convocados también como parte de los investigados, desempeñaron un rol que, de acuerdo con la información de Europa Press, resultó central en la implementación de los protocolos en las áreas de influencia respectivas. La presentación de pruebas documentales aportadas por Martínez Peromingo se perfila como uno de los elementos que el juzgado deberá valorar para determinar posibles responsabilidades y el grado de conocimiento y oposición interna a los protocolos aplicados.