Las decisiones judiciales han señalado que la administración dispone de limitaciones legales que impiden aplicar la jubilación parcial a su personal laboral, aun cuando exista voluntad política para ello. Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la causa reside en la falta de adaptación de la normativa tras la última reforma de pensiones, que no contempló adecuadamente las particularidades que afectan al empleo público. El sindicato prevé que esta situación cambiará muy pronto con la aprobación de un Real Decreto-ley promovido por el Gobierno, que permitiría contratar a trabajadores temporales como relevistas y así facilitar el acceso de empleados de 60 años o más a la jubilación parcial.
Según consignó CSIF en un comunicado recogido por varios medios, la jubilación parcial resulta esencial para el personal laboral que desee reducir su jornada entre un 25% y un 75% y, simultáneamente, comenzar a percibir una parte proporcional de su pensión. Esta medida requiere que otro trabajador, denominado relevista, ocupe temporalmente las horas que el empleado en proceso de jubilación deja vacantes. El medio detalló que, hasta la fecha, este sistema funcionaba cuando el relevista tenía contrato indefinido y había superado los concursos públicos necesarios para acceder al empleo público, siguiendo principios de igualdad, mérito y capacidad.
Sin embargo, después de la reforma del sistema de pensiones, el personal laboral de las Administraciones Públicas sufrió un bloqueo en el acceso a la jubilación parcial, ya que la ley continuó exigiendo que el relevista fuese seleccionado de manera indefinida. La imposibilidad de cubrir las plazas inmediatas con contratos indefinidos, sumada a los plazos requeridos para los procesos de selección, originó un problema que los tribunales han reconocido, según informó el sindicato. CSIF propuso que, hasta que sean convocadas las ofertas de empleo público correspondientes y cubiertas las plazas de forma definitiva, se permita de forma transitoria la contratación de relevistas con carácter temporal.
De acuerdo con el comunicado difundido por CSIF, toda la documentación intercambiada durante la negociación apunta a esta propuesta como la vía de desbloqueo que será recogida en el inminente Real Decreto-ley. De aprobarse, las administraciones públicas quedarían facultadas para realizar contrataciones temporales de relevistas y garantizar la continuidad operativa mientras transcurren los procesos selectivos para ocupar las vacantes de forma fija. El sindicato anunció que esta propuesta ya fue presentada formalmente ante el ministro de Función Pública, durante la reunión bilateral que sostuvieron el 11 de diciembre de 2025.
Además de la solución temporal para la contratación de relevistas, el acuerdo para la firma del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, pautado en el corto plazo entre Función Pública y los sindicatos, integrará otras reivindicaciones históricas de CSIF. El sindicato indicó que entre los cambios previstos se incluye la eliminación de periodos de carencia para acogerse a la jubilación parcial, la posibilidad de que la reducción de jornada se acumule en un solo tramo y la ampliación del porcentaje de reducción de jornada hasta el 75%. Según publicó CSIF, está previsto también que se amplíe la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria de retiro, una medida que ampliaría el margen temporal para acceder a esta modalidad.
CSIF anticipó que, una vez firmado el acuerdo, continuará defendiendo la extensión de la jubilación parcial al personal funcionario y de sanidad, quienes mantienen este derecho suspendido desde 2012. El sindicato recordó que la restricción impuesta hace más de una década fue consecuencia directa de los recortes implementados tras la crisis de 2010, y que, si bien se eliminó el recorte en 2023, no se ha restituido el derecho correspondiente después de más de tres años.
El sindicato dirigido por Miguel Borra denuncia además la persistencia de la parálisis parlamentaria en torno al proyecto de Ley de Función Pública que, según detalló la organización, reconoce de nuevo el derecho a la jubilación parcial para funcionarios y personal estatutario, tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista presentada a instancias de CSIF. Según publicó CSIF, el proceso legislativo permanece congelado en el Congreso de los Diputados. Ante este panorama, el sindicato instó al Ejecutivo a que adopte otras medidas jurídicas para restablecer este derecho, subrayando la situación de discriminación que afecta actualmente a funcionarios y estatutarios por la falta de equivalencia con el personal laboral.
La CSIF ha sido convocada a una próxima reunión para negociar el IV Convenio Único el 24 de marzo, instancia en la que espera que estas medidas de desbloqueo encuentren resolución. Mientras tanto, desde la central sindical se recalca la necesidad de resolver una situación que ha dejado a miles de empleados públicos sin acceso real a la jubilación progresiva, y subrayan que cualquier avance transitorio mediante contrataciones temporales debe complementarse posteriormente con la cobertura fija de las plazas a través de los correspondientes procesos públicos de selección, en cumplimiento de las garantías de acceso, igualdad y mérito en el empleo público.