Meta endureció su posición contra la iniciativa del gobierno australiano para avanzar en un proyecto de ley que obligue a las grandes plataformas digitales a compensar económicamente a los medios de comunicación por el uso y distribución de contenidos periodísticos. La compañía detrás de redes sociales como Facebook e Instagram calificó la propuesta como una medida «sumamente injusta» y advirtió que se opone «vehementemente» a su aprobación.
La discusión se da en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos y las grandes tecnológicas por el futuro de la industria periodística. Mientras los medios tradicionales buscan nuevas fuentes de ingresos para sostener sus operaciones, una parte cada vez mayor del consumo informativo se produce a través de redes sociales y plataformas digitales.
La crítica de Meta al proyecto australiano
La propuesta impulsada por el gobierno australiano apunta específicamente a Meta, Google y TikTok, y busca que las compañías remuneren a los medios locales por el contenido periodístico que circula en sus servicios. «Nuestra postura es clara: esta ley está mal diseñada, es sumamente injusta y no logrará crear una industria periodística diversa y sostenible», afirmó Meta en un comunicado.
«Es discriminatorio, económicamente incoherente y no proporcionará el sector informativo sostenible que merecen los periodistas y el público australianos», ahondaron desde la compañía.
Según el esquema planteado por el Gobierno, las plataformas tendrán inicialmente la posibilidad de negociar acuerdos comerciales directos con medios de comunicación australianos. Sin embargo, aquellas que se nieguen podrían quedar sujetas a un gravamen equivalente al 2,25% de sus ingresos generados en el país.
«Es un impuesto discriminatorio, que se aplica solo a un puñado de empresas extranjeras», señaló la compañía. «Hay que llamarlo por su nombre: un impuesto discriminatorio y retroactivo dirigido a un puñado de empresas extranjeras, mientras que sus competidores que ofrecen servicios comparables no se enfrentan a ninguna obligación equivalente.»
La tensa relación entre Australia y las grandes tecnológicas
El proyecto busca cerrar una laguna legal que, según el Gobierno australiano, permitía a las plataformas evitar pagos simplemente eliminando contenidos periodísticos de sus servicios. Esa estrategia ya fue utilizada por Meta. Cuando desde Canberra se impulsó una regulación similar en 2024, la compañía decidió eliminar la pestaña de noticias para los usuarios australianos.
Además, la empresa ya había anticipado que no renovaría acuerdos de licencia de contenidos con medios de comunicación de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.
Para los impulsores de la iniciativa, las plataformas digitales obtienen beneficios económicos gracias al contenido periodístico, mientras concentran una parte creciente de los ingresos publicitarios que históricamente financiaban a los medios.
En abril, el primer ministro Anthony Albanese defendió la necesidad de establecer mecanismos de compensación económica: «Las grandes plataformas digitales no pueden eludir sus obligaciones en virtud del código de negociación de los medios de comunicación».
El mandatario también sostuvo que el trabajo periodístico debe tener un valor económico reconocido y aseguró: «No debería poder ser apropiado por una gran corporación multinacional y utilizado para generar ganancias sin compensación alguna.»
La discusión adquiere especial relevancia en Australia debido al peso que tienen las plataformas digitales en el consumo de información. Según un estudio de la Universidad de Canberra, más de la mitad de los australianos utiliza las redes sociales como una de sus principales fuentes de noticias.
Los proyectos de ley serán debatidos en el Parlamento hacia finales de este año y podrían convertirse en un nuevo precedente global para la regulación de las grandes tecnológicas.
Australia ya fue pionera en otras medidas vinculadas al sector. En diciembre pasado aprobó una normativa que prohíbe el acceso de menores de 16 años a diversas plataformas de redes sociales, una iniciativa presentada como una herramienta para combatir el ciberacoso y limitar el impacto de los llamados «algoritmos depredadores» sobre niños y adolescentes.