Una pyme puede tener dinero suficiente para pagar los sueldos y, al mismo tiempo, no disponer de él porque quedó retenido por un fisco al que no se lo debía. En su contabilidad aparece un “saldo a favor”. En la práctica, debe endeudarse para reemplazar fondos propios, postergar compras o explicarles a sus proveedores por qué no puede pagar. Mientras tanto, la administración que recibió el excedente puede seguir cobrándole. El problema de Ingresos Brutos llegó a un punto que exige discutir la responsabilidad penal de quienes ordenan o mantienen cobros que saben indebidos. Una resolución administrativa, un padrón informático y un débito bancario pueden dar apariencia de normalidad a una conducta subyacente que merece ser investigada como delito. Las retenciones y percepciones son mecanismos para cobrar a cuenta del impuesto. Cuando superan la obligación, generan un crédito del contribuyente.
El cobro abusivo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos puede ser delito








