El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, detuvo este viernes a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio «Chiqui» Tapia. La decisión fue porque detectó riesgos procesales concretos de entorpecimiento en la investigación. Según el juez no cumplió con ninguna de las disposiciones que le puso para seguir en libertad.
“No cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, sostuvo Rodríguez Ponte en la resolución.
A su vez, el juez dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de dieciséis personas ya imputadas en la causa que investiga al grupo Sur Finanzas, y citó por primera vez a otras cinco. También convocó a diecisiete sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas, dos de las cuales ya habían sido indagadas, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Hasta el año pasado, Vallejo era uno de los sponsors de torneos de la AFA y varios clubes de primera gracias a la relación estrecha que tenía con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y otros dirigentes. Rodríguez Ponte asumió tras las vacaciones de invierno y le dio velocidad tanto a esta investigación como a la de enriquecimiento ilícito del ex jefe de gabinete Axel Kicillof, Martin Insaurralde.
Vallejo tenía concedida la libertad bajo palabra pero incumplió con las medidas del juzgado. «Las constancias de la causa muestran que no cumplió con las comparecencia mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado. No se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales como fuera ordenado que lo haga mensualmente, tampoco entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido», destacó el juez en la resolución, según las fuentes.
Además destacó «que sugestivamente en el acta de derechos donde fijo domicilio de residencia – en el que se informó no reside-, cuando personal fue a notificarlo recientemente, personal de seguridad del Barrio Cerrado donde había denunciado a esta sede judicial residir, informó que hacía aproximadamente un año no vivía, desconociendo su lugar actual de residencia, luego de ello, Vallejo se presentó ante la DUOF e informó que reside en Saltalamachia 820 Banfield, lo que confirmó su madre al momento de certificarlo personal policial».
Las nuevas imputaciones surgen de información que llegó a la causa después de las indagatorias de mayo a julio de este año, en particular informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025.
Según la hipótesis del juzgado, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 se habría constituido una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero bajo diversas modalidades. El sistema, estaba a cargo de Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y consistía en darle apariencia legitima a dinero de origen ilícito.
Ese dinero provendría, en primer lugar, de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas por una agencia del grupo, y habría circulado luego por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por la compra de inmuebles y vehículos pagados en efectivo.
En declaraciones periodísticas, Vallejo se declaró inocente e incluso intentó reabrir su financiera con otro nombre pero el juez se lo impidió.
La resolución describe seis líneas de investigación: la asociación ilícita; el origen cambiario de los fondos; su inversión en bienes y sociedades; el uso de la billetera virtual para mover dinero a través de cuentas de terceros; los movimientos de fondos y bienes en torno a los allanamientos; y la evasión de impuestos por parte de tres sociedades del grupo. Vallejo también está investigado en otras causas por supuestas maniobras con el dólar blue en la época del cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández.
Del relevamiento efectuado por el juzgado sobre los hechos imputados surge un perjuicio fiscal superior a los $12.700 millones, mientras que la pretensión total estimada por ARCA, que incluye otros tributos, supera los $23.000 millones. A ellas se suman hechos individuales atribuidos a empleados del área de sistemas y de prevención de lavado, y a personas que figuraron como titulares de bienes o cuentas.
Entre ellos los nuevos bienes encontrados, «se encuentran pero no se limitan, a la compra de un inmueble en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000 que habría sido pagados en efectivo; las compras de inmuebles y rodados en efectivo por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el avance de la determinación de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.; como la venta de la Ferrari California dos días después de notificada la fiscalización de ARCA».
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