La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar un recurso de la defensa del operador judicial Santiago Busaniche, que buscaba apartar a los fiscales de la causa contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y otros implicados por supuestos vínculos con el lavado de dinero.
La decisión fue tomada por los jueces Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, que rechazaron la presentación de la defensa para llegar a la Corte Suprema de Justicia en la búsqueda de recusar a los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco. Solo les queda intentar acceder al máximo tribunal a través de un recurso de queja.
En su planteo, la defensa de Busaniche argumentaba el “temor fundado de falta de objetividad” por parte del Ministerio Público que lleva adelante la investigación, en el marco del código acusatorio que rige en la jurisdicción, y sostuvieron que se veía afectado el derecho de defensa en juicio y el principio de igualdad de armas.
Tanto el juez de Garantías, Eduardo Rodrigues Da cruz, como el Tribunal de revisión de la Cámara Federal de Rosario, rechazaron la presentación. La defensa apeló, pero la Cámara Federal de Casación Penal ya confirmado la decisión a inicios de octubre. Ahora, los abogados de Busaniche buscaban habilitar la revisión en la Corte, pero el tribunal de Casación consideró inadmisible el planteo.
En el fallo, Mahiques afirmó que el escrito de la defensa “no logró caracterizar la arbitrariedad invocada, ni la existencia de cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria contemplada en el art. 14 de la ley 48, en tanto que sus argumentaciones sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”. Con él coincidió el juez Petrone al agregar que para que prospere la impugnación bajo el supuesto de arbitrariedad “es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no consiguió probar”.
A su turno, el juez Hornos coincidió en que el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos” y añadió que “es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada, como así también que demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión extraordinaria interpuesta; extremos que en el caso no se verifican”.
El Ministerio Público Fiscal presentó tres acusaciones contra el exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, por presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial: se le imputó por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Piden para él una pena de diez años de prisión.
Según la hipótesis de la investigación, en esas maniobras también participaron el escribano Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Administración Federal de Ingresos Público local, Carlos Vaudagna. Vaudagna primero y Whpei después se convirtieron en imputados colaboradores y dieron detalles de esas extorsiones y armado de causas.
Según el MPF, desde mediados de 2019 y hasta el 22 de noviembre de 2024, Bailaque coordinó con Whpei, Busaniche y Vaudagna una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y fiscales contra dos empresarios con el objetivo dañar la reputación y perjudicar a su empresa y luego exigirle una coima a fin de “salvarlos”. Además, entre 2019 y 2025, Bailaque habría recibido pagos mensuales de Whpei a través de una mutual por un supuesto alquiler. El tercer hecho apunta a la compra de un lote con fondos ilícitos en donde quedó vinculada la esposa del exjuez.
Busaniche está acusado de haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él la fiscalía pidió seis años de prisión.
En el marco de la investigación relacionada a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín que dirigía el sindicalista apodado «vino caliente», Bailaque fue acusado por ser autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, en concurso real. Se le atribuyó, en su carácter de juez, haber tomado decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, en las que ocultó deliberadamente su relación con Whpei, con el fin de favorecerlo.
Por último, Bailaque fue acusado de haber dictado resoluciones judiciales, contrarias a la prueba, para favorecer al a la organización criminal liderada por el condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Según se descubrió, el narco y el juez compartían contador, Gabriel Mizzau, cuyo hijo trabajaba en el juzgado.
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