La idea pasó casi desapercibida por debajo del radar y fue un gobernador peronista quien reavivó la polémica que abrió Máximo Kirchner al anunciar que si el kirchnerismo regresa al poder auditará todos los proyectos que ingresaron en el programa del RIGI. La iniciativa del jefe de La Cámpora puso en alerta a las provincias que entienden que las declaraciones del diputado pueden afectar la seguridad jurídica del país.
Al menos 17 provincias adhirieron al RIGI en su primera versión, la aprobada con la Ley Bases en 2024 y, en más de dos años de vigencia -según informó el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo- se presentaron 48 proyectos por un monto cercano a los US$ 210.000 millones. De ese total, 30 fueron aprobados, por alrededor de US$ 80.000 millones.
Sin duda, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue uno de los planes que más cuestionamientos generó en el Congreso, en parte por su costo fiscal, pero también por su impacto en la industria nacional. Aun así es una propuesta que sedujo no solo a los primeros gobernadores dialoguistas sino también a sectores del peronismo que se fueron acercando al Gobierno.
Por eso, el mensaje de Máximo Kirchner encendió algunas alarmas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, salió a cruzar al diputado nacional al advertir que es «un error» plantear la posibilidad de auditar los proyectos que ingresaron en el régimen de promoción si el peronismo vuelve al poder.
Y cómo dijo una diputada libertaria apuntando contra el kirchnerismo. «Que no vuelvan más porque si no serían como (Hugo) Chávez yendo a expropiar hasta las estatuas», agregó. Respuestas similares dieron distintos protagonistas. Es que en la entrevista radial en la que avisó su intención de revisar los contratos, el líder de La Cámpora definió al RIGI como «un estatuto de coloniaje». «Se cede soberanía y tampoco está generando los beneficios», fundamentó.
Desde Catamarca, señalaron que el diputado, con estas declaraciones, «le está haciendo el juego a Milei». «Con este discurso, la gente va a preferir votar a Myriam Bregman antes de votar al peronismo», completaron con cierta ironía.
El tema recalienta la interna del PJ y aquellos que están enfrentados con los K aseguran que «ni Cristina (Kirchner) ni Máximo van a volver al poder». «Su fortaleza está en sostener una estructura de legisladores y eso es el voto duro, mantener lo que tiene y generar fundamentalismo», agregaron.
Las provincias que fueron beneficiadas por el RIGI admiten que son inversiones que pueden ser cuestionadas porque a las empresas se les da demasiados beneficios, pero entienden que es una decisión política del Gobierno. «De ahí a pensar que puede haber actos de corrupción es otra cosa. Como dice el refrán: ‘El ladrón peca por su condición'», disparó una legisladora.
Más allá de la interna, el tema del RIGI es defendido por las provincias. Desde Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió, en diálogo con este diario, que lo propuesto por Máximo Kirchner es «totalmente desaconsejable y afecta gravemente la confiabilidad del país».
«Después de las expropiaciones, el incumplimiento con los acreedores internacionales y el Fondo Monetario y los más de 70 juicios en CIADI; que la Argentina vuelva a recuperar la inversión internacional ha sido un gran trabajo entre los gobernadores y el Gobierno», resaltó Weretilneck, quien acordó para su provincia acuerdos por unos US$ 20.000 millones
Por su parte, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, aseguró que su provincia está abierta a que se auditen los proyectos que ingresaron al RIGI. «Lo que pedimos es que sea sin politizarlo, que sea seriamente», pidió el dirigente radical.
También desde el norte, Gustavo Sáenz defendió el RIGI y reclamó «reglas de juego inalterables» para las inversiones mineras. En este sentido, el salteño dijo en su momento que el programa es una herramienta clave para el litio y los minerales críticos, y advirtió que si se modifican las reglas de juego se alejan las inversiones.
Lo cierto es que Javier Milei busca capitalizar políticamente el RIGI y este miércoles en un acto en Catamarca, donde se inauguraron dos plantas de litio de la multinacional anglo-australiana Río Tinto, cargó contra el gobernador Ricardo Quintela.
La Rioja es una de las provincias que no está dentro del régimen de promoción. En parte por una decisión política del gobernador, pero también es cierto que la provincia no tiene volumen de producción para ingresar al RIGI, porque no tiene industria minera. Solo podría participar si surge alguna inversión para el Parque Eólico Arauco. Pero, obviamente, eso va a depender de un acuerdo entre la provincia y la nación.
Desde San Juan, Marcelo Orrego aceptó que auditar y controlar que las inversiones cumplan con la ley es absolutamente legítimo. «Lo que no podemos hacer es generar incertidumbre sobre las reglas de juego», advirtió a Clarín el gobernador.
«Las grandes inversiones, especialmente las mineras, requieren muchos años de planificación y miles de millones de dólares. Por eso necesitan previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras que trasciendan a los gobiernos», completó Orrego, quien aseguró que los proyectos RIGI permitieron el desarrollo de los proveedores locales y se generaron más empleo.
Mendoza, la provincia que gobierna Alfredo Cornejo, firmó el primer proyecto adherido al RIGI en enero de 2025 para el Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, ubicado en el departamento de Las Heras. Y se convirtió en la primera iniciativa en alcanzar la etapa operativa con una capacidad proyectada de 305 MW y una inversión de US$ 211 millones.
Mientras se instala esta polémica, en el Senado sigue cajoneado el Super RIGI por las diferencias entre el oficialismo y los aliados. La propuesta, que tiene la media sanción de Diputados, aún no tiene dictamen de comisión en la Cámara alta.
El proyecto orientado a fomentar las inversiones tecnológicas no pudo avanzar porque los aliados restaron su apoyo. Maximiliano Abad (UCR), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas) y Martín Goerling (PRO) reclaman modificaciones en la cláusula de “compre nacional“
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