El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.672, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social de las personas con síndrome de Down en la provincia de Buenos Aires, a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial. La norma fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 6 de octubre. Surgió de una iniciativa del diputado marplatense Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), que también llevaba la firma de otros doce legisladores de distintos bloques.
Entre sus puntos centrales, la ley adhiere a la Ley Nacional 27.716 de Diagnóstico Humanizado, que busca asegurar la contención y el acompañamiento de las familias que reciben un diagnóstico de trisomía 21 para un hijo en gestación o recién nacido. La autoridad de aplicación deberá diseñar un protocolo de comunicación humanizada del diagnóstico en los establecimientos de salud públicos y privados, con información clara, objetiva y actualizada sobre la condición y los recursos de apoyo disponibles. En salud, la norma garantiza el acceso a una atención integral que incluye diagnóstico temprano, atención interdisciplinaria, estimulación temprana, terapias de habilitación y rehabilitación, cuidado de la salud mental, acompañamiento terapéutico y asistencia domiciliaria cuando sea necesario.
También fija la promoción de la inclusión en todos los niveles del sistema educativo, con estrategias pedagógicas inclusivas, profesionales especializados y acceso a becas para estudios superiores. En el plano laboral, prevé capacitación, sistemas de empleo con apoyo, incentivos para las empresas que contraten personas con síndrome de Down y el acceso a puestos en la Administración Pública provincial, conforme a la normativa vigente. Además, la ley crea la “Semana de concientización sobre trisomía 21/síndrome de Down”, que coincidirá con el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y durante la cual se realizarán campañas de promoción de derechos.
Invita a los municipios a adherir y autoriza al Poder Ejecutivo a hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias. La autoridad de aplicación será definida por el Ejecutivo. Al presentar las iniciativas, Garciarena explicó que buscaban “cubrir el vacío normativo con un enfoque moderno de derechos”.
Durante el debate en Diputados, sostuvo que “el modo en que se comunica un diagnóstico médico posee un profundo impacto emocional, social y familiar”. Y resumió el espíritu de la propuesta con una frase: “La inclusión no es un mensaje, es una decisión”.
