El Gobierno nacional autorizó una licitación con un presupuesto de $ 39.624.345.857,96 para contratar una consultora que controle las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. La firma deberá supervisar aspectos técnicos, ambientales, contractuales y administrativos hasta la recepción definitiva de los trabajos.
La medida quedó formalizada este viernes 30 de octubre mediante la Resolución 274/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, según publicó La Opinión Austral de Santa Cruz. El contrato abarcará el aprovechamiento hidroeléctrico La Barrancosa y la línea de extra alta tensión asociada al proyecto.
La inspección incluirá controles técnicos, ambientales y administrativos
La consultora que resulte elegida tendrá la tarea de fiscalizar la ejecución de los trabajos en cuatro áreas. El pliego contempla la revisión técnica de la obra, el seguimiento ambiental, el control de los compromisos contractuales y la asistencia administrativa.
El procedimiento se realizará mediante una licitación pública nacional de etapa múltiple, bajo el sistema de ajuste alzado. La contratación no prevé anticipo financiero y tendrá vigencia hasta que la obra reciba su aprobación definitiva.
La Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, había solicitado apoyo especializado para reforzar el control de las tareas. Esa subsecretaría asumió el rol de comitente del proyecto tras una modificación dispuesta por el Ejecutivo.
La Nación trasladó a Recursos Hídricos la responsabilidad sobre el proyecto
En abril, el Decreto 238/2026 apartó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) de la función de comitente y transfirió sus atribuciones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Con ese cambio, el organismo pasó a concentrar los derechos, obligaciones y actuaciones administrativas vinculadas a los contratos y sus adendas. La decisión se produjo mientras avanza el proceso de privatización de ENARSA y obligó a coordinar una transición entre la empresa estatal y las áreas nacionales involucradas.
La contratación de la firma de inspección no supone, por sí sola, el reinicio de la construcción ni una nueva adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo. Sin embargo, completa parte del esquema de supervisión requerido para una eventual continuidad del proyecto.
El llamado deberá difundirse durante 15 días en el Boletín Oficial
La convocatoria permanecerá publicada durante 15 días y deberá respetar una anticipación mínima de 20 días, según la normativa aplicable. En marzo, ENARSA y la UTE habían alcanzado un acuerdo para establecer las condiciones de planificación de un eventual reinicio de los trabajos.
