El proyecto de Defensa de la Soberanía aún sigue generando diferencias en la Cámara de Diputados. Un sector de los aliados cuestiona un título de la propuesta impulsada por el asesor todoterreno Santiago Caputo y, si bien no pone en peligro el resultado de la votación, podría provocar un poco de ruido político en el recinto.
Por ahora, La Libertad Avanza confía que tendrá los votos para aprobar sin cambios el dictamen firmado esta semana con el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal.
Aunque los dos espacios provinciales mostraron posiciones divididas porque los santafesinos José Núñez y Pablo Farías (Provincias Unidas) y los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa (Argentina Federal) firmaron en disidencia. A ellos se suma la radical Karina Banfi con su monobloque.
Las diferencias quedaron centralizadas en el título VII, de «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones». Y los aliados pidieron retirar del artículo 127 al 130, inclusive.
En rigor, este fue uno de los fragmentos del texto original que fue modificado para asegurarse las 60 firmas en el despacho de comisión y que en cierta medida está vinculado con la libertad de expresión. Puntualmente se modifican artículos del Código Penal para establecer sanciones con penas de prisión.
Quizás el más controvertido es el nuevo artículo 129, que vino a reemplazar el 111 de la versión original y que busca penalizar la posible injerencia extranjera en un proceso electoral o en la opinión pública. Si bien se deja aclarado que no alcanza a la actividad diplomática, el ejercicio de la actividad periodística y la investigación académica; la redacción aún sigue generando tensiones.
Es que no deja de generar dudas en algunos diputados el tramo donde apunta contra la injerencia extranjera, mediante formas «clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral». Sospechan que este artículo puede ser la excusa para la persecución de dirigentes opositores.
Los otros tres artículos también hacen referencias a las penalidades por «poner los secretos» (del Estado) a disposición de un país extranjero, servicio de inteligencia extranjero. Asimismo se plantean penas de prisión para quien colabore con la logística de una operación clandestina de inteligencia en el país por cuenta de un Estado extranjero.
Los diputados que firmaron en disidencia esperan que el oficialismo elimine estos artículos porque de lo contrario anticiparon que en la votación en particular los rechazarán en el recinto.
Otro de los títulos que puede generar discusión en el recinto es el número 5 que otorga el poder al proyectado Consejo de Seguridad para revisar y dar conformidad a las operaciones de inversión realizadas por un Estado extranjero o una persona jurídica controlada por éste, vinculadas a los sectores de defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos o minería.
Aclara el texto que la intervención del organismo controlado por el Poder Ejecutivo se dará cuando estén involucradas las denominadas «infraestructuras críticas», que a su vez son determinadas por el mismo Consejo de Seguridad.
El proyecto enviado por la Casa Rosada fue presentado para ratificar la defensa de la soberanía en las Malvinas, la protección de los recursos naturales y endurecer las sanciones ya previstas en la legislación argentina.
Todo esto en medio de la polémica por el avance del proyecto petrolero Sea Lion administrado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.
Las tensiones aumentaron cuando Estados Unidos expresó su preocupación por la posibilidad de que las penalidades propuestas en el proyecto oficialista alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
La presión de la Casa Blanca obligó al Gobierno a que se limiten las sanciones a las empresas que operen ilegalmente en el país, ya sea en forma directa, como proveedora o accionista directa de la iniciativa, quedando eximidos los subsidiarios.
Pero también llevó al oficialismo a aceptar algunas exigencias de los aliados para conseguir que la propuesta tenga el pasaje al recinto donde se discutirá en una sesión convocada para el 12 de noviembre, al día siguiente de que el Papa León XIV concluya su visita al país.
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