El tratamiento de la propuesta, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN). Foto: Marcelo Ochoa.
La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta y por unanimidad un proyecto que busca restringir las salidas nocturnas de todas las personas que utilizan tobilleras o pulseras electrónicas por disposición judicial. La iniciativa establece que deberán permanecer en sus domicilios entre las 20 y las 8 del día siguiente, salvo en situaciones de emergencia médica.
El tratamiento de la propuesta, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN).
Uno de los datos que concentró la atención fue el que presentó la legisladora Martina Lacour: en Río Negro hay 463 personas monitoreadas electrónicamente y apenas siete agentes distribuidos en tres turnos para supervisar el sistema.
El proyecto contempla tres situaciones: personas condenadas que cumplen prisión domiciliaria, imputados con prisión preventiva bajo esa modalidad y personas que utilizan dispositivos electrónicos como medida cautelar, aunque no tengan la obligación de permanecer en sus viviendas.
Esta última categoría se incorporó durante el tratamiento en comisiones, para ampliar el alcance de la iniciativa original.
«La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica», explicó Pica.
El legislador sostuvo que la intención es establecer una regla común para todas las modalidades de monitoreo. También precisó que los jueces no podrán autorizar excepciones durante esa franja, excepto ante emergencias médicas.
La propuesta surgió inicialmente a partir de situaciones vinculadas con la violencia de género y los incumplimientos de restricciones perimetrales, que, según explicó Pica, se producen en buena parte durante la noche. Luego se resolvió extender la medida a todas las personas sometidas a monitoreo electrónico.
La legisladora Martina Lacour acompañó el proyecto, pero advirtió que establecer nuevas prohibiciones no garantiza por sí mismo que se cumplan.
«No alcanza con establecer nuevas prohibiciones si no somos capaces de garantizar que se cumplan las que ya existen», sostuvo.
Para plantear sus cuestionamientos, recordó el asesinato del comerciante Elías Miguel, ocurrido el 17 de mayo en Bariloche. Uno de los involucrados, Juan Antonio Bonefoi, utilizaba una tobillera electrónica.
Lacour explicó que presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para conocer si el dispositivo había generado alguna alerta relacionada con sus movimientos. Según indicó, la respuesta fue que no se había registrado ninguna.
«¿Cómo puede ser que alguien que estaba sometido a monitoreo electrónico haya participado de un delito en el que muere este comerciante sin que el sistema haya detectado ninguna alerta?», cuestionó.
En ese contexto, expuso las cifras sobre el funcionamiento del sistema provincial: 463 personas monitoreadas electrónicamente y siete agentes para supervisar los dispositivos, distribuidos en tres turnos.
También recordó que desde 2021 existe un protocolo provincial de actuación elaborado conjuntamente por las autoridades de Seguridad, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.
«Así que el problema no parece ser la falta de normas. La pregunta es si estos controles están funcionando y qué es lo que está haciendo el Estado para garantizar esto», planteó.
La legisladora anticipó que solicitará nuevas explicaciones al Ministerio de Seguridad sobre los recursos humanos y tecnológicos disponibles en la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme).
El legislador oficialista Facundo López respondió a los cuestionamientos de Lacour y sostuvo que la tobillera utilizada por Bonefoi fue una herramienta importante para esclarecer el asesinato del comerciante.
Explicó que el acusado podía circular porque la medida judicial bajo la cual estaba monitoreado no establecía restricciones de desplazamiento. Por ese motivo, argumentó, no correspondía que se activara una alerta por sus movimientos.
«Nadie sabe antes que va a ir a un determinado lugar a cometer un ilícito», señaló.
Según López, el análisis posterior de los registros del dispositivo permitió reconstruir recorridas que Bonefoi había realizado previamente por la zona donde ocurrió el crimen. Esa información contribuyó a orientar la investigación.
De esta manera, rechazó que la ausencia de una alerta durante el hecho demostrara necesariamente una falla del sistema.
También aclaró que la Uadme funciona las 24 horas, con personal distribuido en distintos turnos.
En su intervención, destacó además una inversión provincial de 12 millones de dólares destinada a modernizar el sistema de seguridad, que incluye cámaras inteligentes, lectores de patentes y el anillado vial.
«Todo esto nos está permitiendo tener cada vez más celeridad, más precisión y más eficiencia y eficacia en el control del delito», aseguró.
Para López, la nueva restricción permitirá sumar herramientas legales para prevenir delitos y fortalecer la actuación judicial.
«También le quitamos la excusa a los fiscales y a los jueces de que no tienen las herramientas», expresó.
El legislador Juan Martín, de PRO Unión Republicana, también respaldó la iniciativa, aunque puso el foco en la responsabilidad de la Justicia para garantizar su cumplimiento.
«La prisión domiciliaria es una medida privativa de la libertad y una medida privativa de la libertad tiene que cumplirse, ni más ni menos», afirmó.
Advirtió que, sin una aplicación efectiva por parte de los jueces, la propuesta podría quedar «en letra muerta».
Por su parte, Santiago Ibarrolaza acompañó el proyecto y reclamó que la política amplíe la discusión sobre la inseguridad.
«La política no quiere debatir, ha clausurado el debate de la inseguridad en Argentina. Y la verdad que la inseguridad es un flagelo de todos los días que tenemos los argentinos», manifestó.
El legislador valoró las reformas vinculadas con la reiterancia delictiva, la reincidencia y la ejecución penal. También consideró que la iniciativa incorpora «un control sobre el control» para quienes utilizan dispositivos electrónicos.
La propuesta obtuvo el respaldo de todos los bloques y fue aprobada en primera vuelta. Ahora deberá superar una segunda votación legislativa para convertirse en ley.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
