El ministro de Economía presentó la propuesta y deberá buscar el aval de gobernadores e intendentes.
El equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo afina los detalles finales de dos reformas estratégicas orientadas a responder reclamos clave de gobernadores y sectores productivos: la reparación de las rutas nacionales y la reapertura del crédito.
Ambas iniciativas comparten una premisa central: cero inversión con fondos del Tesoro y apoyo total al capital privado para financiar la infraestructura y el financiamiento.
Frente a las renegociaciones truncas que caracterizaron las concesiones viales en las últimas tres décadas, el Gobierno busca fijar pautas estrictas en los nuevos pliegos para evitar parálisis en las obras.
El nuevo esquema de concesión vial no aplicará una fórmula uniforme para todo el país, según indica La Nación, sino que segmentará las intervenciones en tres escalas según el volumen de tránsito de cada traza:
Para financiar las obras sin desembolsos estatales, Economía aplicará el mecanismo de peaje incremental. En rutas concesionadas, como los tramos de las rutas 3, 5 y 7, convivirá el peaje base (destinado a mantenimiento) con una tarifa adicional topeada que irá directo a pagar la obra nueva.
En paralelo, La Nación aseguró que el Ejecutivo evalúa implementar el esquema de Valor Presente de Ingresos (VPI). Bajo esta modalidad, la constructora licita por un monto determinado (por ejemplo, US$ 300 millones); una vez cobrada esa cifra mediante el peaje incremental, la concesión finaliza de forma automática.
El Gobierno analiza además la posibilidad de incluir estas inversiones viales dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o el régimen para medianas empresas (RIMI).
En forma simultánea al frente vial, el Ministerio de Economía da forma a una modificación integral de la Ley de Mercado de Capitales para abaratar el costo del financiamiento bancario y bursátil.
El proyecto busca que las pequeñas y medianas empresas utilicen sus activos reales como respaldo crediticio a través de los siguientes instrumentos:
La urgencia oficial por activar estos instrumentos responde al rezago en los indicadores crediticios. Datos del Banco Central citados por La Nación marcan que los préstamos hipotecarios en la Argentina no alcanzan el 1% del PBI —frente al 28% registrado en Chile—, mientras que solo el 37% de la población cuenta con tarjeta de crédito.
En el Ministerio de Economía califican la iniciativa como «reformas de plomería» estructural, necesarias para estabilizar las reglas financieras. No obstante, el paquete requerirá aprobación parlamentaria en un Congreso con agenda trabada, por lo que el impacto efectivo sobre la liquidez del mercado se proyecta a mediano plazo.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
