La Cámara Federal de Comodoro Py convocó a una audiencia para tratar los procesamientos de los ocho iraníes y libaneses que están acusados de organizar y llevar adelante el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que fueron asesinadas 85 personas.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Sala I del tribunal fijó la audiencia para el próximo 24 de noviembre. Allí analizará las presentaciones que hicieron la Fiscalía, la defensa oficial de los acusados y las querellas. La decisión estará a cargo de los jueces Pablo Yadarola y Mariano Llorens y será clave: si ratifica los procesamientos, los acusados estarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.
Pero no será un proceso común porque ninguno de ellos está detenido en Argentina para ser juzgado. Si no que será en lo que se conoce como juicio en ausencia que comenzó a ser regulado en el país desde el año pasado cuando el Congreso de la Nación aprobó la ley que permite hacer juicios sin los acusados presentes para determinar casos graves como los de terrorismo.
El juicio en ausencia para el caso AMIA fue pedido por el fiscal federal a cargo de la unidad especial que investiga el atentado, Sebastián Basso, y aprobado por el juez federal Daniel Rafecas. Esa decisión ya fue avalada por la Cámara Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal.
Para avanzar en el juicio, Rafecas procesó a fines de septiembre a ocho acusados en el atentado. Son el ex ministro de Inteligencia iraní Ali Fallahijan, el ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Velayati, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex comandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi, el ex embajador de ese país en Argentina Hadi Soleimanpour, el ex consejero culturas de la embajada Mohsen Rabbani, el agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Ahmad Asghari y el integrante del grupo terrorista Hezbollah Salman Raouf Salman o Samuel El Reda.
Todos fueron acusados de los delitos de homicidio y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común y daño agravado por motivos discriminatorios y se les trabó un embargo de 500 millones de dólares. Además el atentado fue considerado un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.
El juez consideró que los procesados, en distintos roles y lugares, planificaron y ejecutaron el atentado a la AMIA que se decidió en una reunión en agosto de 1993 de la que participaron las máximas autoridades del régimen iraní y de Hezbollah.
La defensa oficial de los acusados apeló la resolución para que sea revisada por la Cámara Federal. Pero el tribunal también analizará las apelaciones del fiscal Basso y de una de las querellas de los familiares de víctimas. Esas partes objetaron que se haya dictado la falta de merito para otros dos acusados: el integrante de Hezbollah Abdallah Salman o José Salman El Reda y Hussein Mouzannar.
La Fiscalía señaló en su apelación que los dos como integrante del grupo terrorista Hezbollah participaron de la planificación del atentado. Para el fiscal Basso «se encuentran reunidos los requisitos para avanzar hacia el debate oral y público de los acusados».
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