El Gobiernodecidió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que había enviado al Congreso, luego de la polémica que generó una disposición que proponía cobrar el impuesto a las Ganancias por la compraventa de Cedear, uno de los instrumentos de inversión más utilizados en la Argentina.
La decisión fue comunicada mediante una nota del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en la que solicitó que la iniciativa dejara de estar bajo consideración legislativa. De esta manera, el oficialismo deberá presentar un nuevo texto si pretende avanzar con la reforma del mercado de capitales.
El proyecto, que contenía 240 artículos y modificaciones a más de veinte normas, había sido presentado con el objetivo de flexibilizar las operaciones financieras, ampliar las posibilidades de financiamiento y modernizar el sistema de garantías.
Sin embargo, uno de sus apartados provocó un fuerte rechazo entre inversores y especialistas del sector financiero, lo que obligó al Ministerio de Economía a dar marcha atrás.
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En un primer momento, desde la cartera que conduce Luis Caputo habían anticipado que solamente eliminarían el artículo cuestionado. Finalmente, el Gobierno resolvió retirar la totalidad de la propuesta para revisar su contenido antes de volver a impulsarla.
El impuesto a los Cedear que generó la polémica
El punto más cuestionado era el artículo 230, que proponía modificar el régimen de exenciones del impuesto a las Ganancias para determinadas inversiones financieras.
La iniciativa establecía que los resultados obtenidos por la venta de Cedears podrían quedar alcanzados por una alícuota del 15%, siempre que los activos extranjeros representados por esos certificados estuvieran sujetos al mismo tributo si se adquirieran directamente.
Los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos) son instrumentos que permiten invertir desde el mercado local en compañías extranjeras, como Apple, Microsoft o Amazon, sin necesidad de abrir una cuenta de inversión en el exterior.
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Además de facilitar el acceso a acciones internacionales, son utilizados por muchos ahorristas como una alternativa para diversificar sus inversiones y obtener exposición a activos cuyo valor está vinculado al dólar.
Actualmente, las personas humanas residentes en la Argentina están exentas de pagar Ganancias por los resultados de la compraventa de estos certificados, siempre que las operaciones cumplan con los requisitos legales.
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El proyecto buscaba modificar ese tratamiento para los Cedears adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026. La eventual aplicación del gravamen estaba sujeta a la aprobación de la reforma por parte del Congreso.
La propuesta generó críticas en el mercado financiero, donde se cuestionó que el cambio encarecería la inversión en compañías extranjeras y reduciría el atractivo de una herramienta ampliamente utilizada por pequeños y medianos ahorristas.
La explicación del Gobierno y los argumentos del proyecto
Frente a los cuestionamientos, desde el Ministerio de Economía aseguraron que la disposición había quedado incluida por error en una versión anterior del proyecto.
Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), salió a aclarar la situación a través de las redes sociales.
“Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario, en referencia al artículo que modificaba el tratamiento impositivo de los Cedears. No obstante, la iniciativa original incluía una justificación específica para el cambio tributario.
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En los fundamentos, el Ejecutivo sostenía que el régimen vigente había generado “una fisura en el sistema” que permitía acceder a beneficios fiscales mediante la utilización de instrumentos financieros locales vinculados a activos extranjeros.
Según el documento, los inversores podían aprovechar la exención correspondiente a determinados valores negociables argentinos pese a que las inversiones subyacentes estaban alcanzadas por Ganancias cuando se realizaban directamente en el exterior.
El propósito declarado era evitar diferencias impositivas entre ambas modalidades de inversión y reducir los incentivos para canalizar ahorros hacia activos extranjeros.
