Jacobo Bucaram Pulley, hijo del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, fue detenido en Guayaquil junto a otras cuatro personas por presuntos vínculos con el narcotráfico, en una operación regional con participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, fue quien detalló que tres de los arrestos tuvieron lugar en Guayaquil, en el suroeste del país, mientras que las autoridades de Panamá capturaron a otros dos implicados.
“Los cinco ciudadanos registran notificación Roja de INTERPOL y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico”, señaló Reimberg en su cuenta de X. El funcionario indicó que la operación contó con la colaboración de la DEA y precisó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro de los procesos de extradición hacia Estados Unidos.
Esta acción permitió “poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos”, sostuvo el ministro.
El ex presidente Abdalá Bucaram calificó de “infames” las acusaciones contra su hijo y atribuyó la detención al “odio político”, de acuerdo con un mensaje publicado en X. La Justicia ecuatoriana condenó en septiembre, en primera instancia, a Bucaram y a su hijo Jacobo por la venta irregular de pruebas para detectar covid-19 durante la pandemia.
En 2022, Estados Unidos declaró no elegibles para ingresar en su territorio al ex mandatario, a su esposa y a tres de sus hijos, por “su participación en actos significativos de corrupción”.
Abdalá Bucaram y su hijo condenados por el caso de las pruebas de COVID-19
El ex mandatario y Jacobo Bucaram Pulley, recibieron una condena de nueve años y cuatro meses de prisión por colaborar en una estructura de delincuencia organizada vinculada con la venta de pruebas rápidas de covid-19 durante la emergencia sanitaria de 2020.
Un tribunal de juicio de Pichincha emitió la sentencia el miércoles 9 de septiembre, pero el fallo aún admite apelación. La resolución también condenó al ex agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones a 13 años y cuatro meses de cárcel como autor directo del delito. El ciudadano israelí Sheinman Oren recibió una pena de dos años y ocho meses, después de que el tribunal valorara su cooperación eficaz con la Fiscalía.
La investigación fiscal situó el origen del caso en los primeros meses de la pandemia. De acuerdo con la acusación, la organización negoció y comercializó unas 21.000 pruebas rápidas de covid-19, además de mascarillas y otros insumos médicos.
La Fiscalía sostuvo que funcionarios de la AMT facilitaron el traslado de la mercadería entre Quito y Guayaquil. La acusación indicó que los involucrados usaron vehículos y recursos relacionados con la entidad municipal para movilizar los productos.
Durante el proceso, los investigadores presentaron registros audiovisuales, datos de teléfonos celulares, documentos, fotografías y declaraciones testimoniales para acreditar la existencia y el funcionamiento de la estructura. Un allanamiento en la vivienda de Bucaram, en Guayaquil, permitió el hallazgo de cerca de 2.000 pruebas rápidas, 5.000 mascarillas y otros insumos médicos el 3 de junio de 2020. Esos elementos quedaron incorporados a la causa.
La Fiscalía atribuyó a Jacobo Bucaram participación en la adquisición de las pruebas. La acusación lo vinculó con un pago en efectivo de USD 321.600 por la mercadería y relacionó ese dato con el testimonio del ciudadano israelí Shy Dahan.
Dahan murió asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, donde estaba detenido. La condena contra los Bucaram corresponde al delito de delincuencia organizada y no incluye una sentencia por el homicidio del ciudadano israelí.
(Con información de AFP)
Fuente: Infobae — Internacionales — ver publicación original.
