El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender al juez Ernesto García Maañón, denunciado por acoso sexual y laboral por una funcionaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Además, dispuso embargarle el 40% de su sueldo mientras avanza el proceso que podría terminar con su destitución.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre, según consta en la resolución judicial a la que accedió TN. El tribunal consideró que existen elementos suficientes para admitir formalmente las acusaciones contra el magistrado.
En el documento, el jurado resolvió “declarar la verosimilitud de los cargos imputados y, en consecuencia, admitir la acusación” contra García Maañón, quien había sido apartado preventivamente de sus funciones en agosto.
La resolución también establece “suspender a partir de la fecha de notificación” al magistrado y disponer “el embargo sobre el 40% de su sueldo”. La medida deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo bonaerense, la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia provincial.
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El tribunal, presidido por Sergio Gabriel Torres, otorgó además un plazo de diez días a las partes para ofrecer las pruebas que pretendan utilizar durante el debate. El siguiente paso será avanzar hacia el juicio oral y público, en el que se determinará si corresponde destituir al juez.
La decisión también tiene consecuencias sobre la renuncia que García Maañón presentó en julio de 2025, luego de que se conocieran las denuncias en su contra. La dimisión no había sido aceptada por el gobernador Axel Kicillof y el avance del proceso de enjuiciamiento impide que el magistrado eluda el procedimiento mediante su salida voluntaria del cargo.
Las acusaciones contra el juez de San Isidro
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por G. B. S., una secretaria letrada que trabajaba en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La funcionaria acusó al magistrado de haberla sometido a insinuaciones sexuales, situaciones intimidatorias y malos tratos laborales.
El caso llegó al Jurado de Enjuiciamiento mediante una presentación del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, a la que posteriormente se sumaron las acusaciones del Colegio de Abogados de San Isidro y de la propia denunciante.
Según la resolución obtenida por TN, las imputaciones no se limitan al presunto acoso sexual. También incluyen violencia laboral, utilización indebida de recursos públicos, intimidación de testigos y delegación irregular de la firma digital del magistrado.
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En su denuncia, G. B. S. relató que los episodios comenzaron en febrero de 2025, cuando García Maañón estaba por asumir la presidencia de la Cámara. Lo que inicialmente describió como una relación laboral cordial derivó, según su testimonio, en comentarios sobre su apariencia física, mensajes de contenido sexual e invitaciones fuera del horario de trabajo.
Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen más de 150 audios y conversaciones de WhatsApp. En uno de esos intercambios, el juez le sugirió que utilizara un vestido escotado y una minifalda. En otro mensaje, enviado durante la madrugada, escribió: “La noche es deseo, la pasión, la aventura”.
La denunciante también aseguró que el magistrado intentó besarla y le tocó la cola sin su consentimiento dentro de su despacho. Según declaró ante la Justicia, García Maañón la tomó de la cintura y acercó su cuerpo al de ella, hasta que logró apartarse.
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Otro de los episodios denunciados ocurrió en junio de 2025, cuando el juez habría manipulado una pistola en su oficina y pasado el cañón del arma cerca del rostro de la funcionaria.
En el marco de la investigación penal, la Justicia ordenó un procedimiento en la vivienda del magistrado, en Belén de Escobar, donde se secuestraron varias armas de fuego, entre ellas pistolas Glock.
La resolución del jurado también recoge declaraciones de otros empleados y funcionarios judiciales que describieron un clima de tensión, malos tratos y comportamientos intimidatorios dentro de la dependencia.
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Por su parte, García Maañón rechazó las acusaciones, negó haber cometido conductas de acoso y sostuvo que los testimonios fueron interpretados fuera de contexto. Su defensa también cuestionó la validez de parte de las pruebas y solicitó que se archivaran las actuaciones. Sin embargo, el jurado consideró que los argumentos de la defensa no alcanzaron para desvirtuar los cargos en esta etapa del procedimiento.
La resolución aclara que la admisión de la acusación no implica todavía una decisión definitiva sobre la responsabilidad del magistrado. Esa evaluación deberá realizarse durante el juicio, con la producción y el análisis de las pruebas.
En paralelo al proceso disciplinario, continúa la investigación penal a cargo del fiscal José Amallo, que analiza los hechos denunciados por la funcionaria.
