La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente Santiago Peña, a pesar de la renuncia formal al cargo presentada por el mandatario. Los 78 legisladores presentes votaron a favor del proceso, en un escenario político que incluyó el respaldo del propio titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
Según reportó el diario ABC, la decisión del pleno ocurrió menos de una hora después de la presentación de la dimisión de Peña ante el Congreso por intermedio del ministro del Interior, Enrique Riera. La acusación original fue impulsada el miércoles por un bloque de 35 diputados, quienes presentaron un proyecto de resolución para formular el juicio político conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional.
El funcionario reveló a la prensa que el jefe de Estado tomó la determinación tras constatar la pérdida total de respaldo político para sostenerse en el poder. El mandatario había asumido el 15 de agosto de 2023 con un mandato previsto hasta el año 2028.
Con la aprobación en la Cámara Baja, la resolución del conflicto institucional y el futuro judicial de Peña quedaron en manos de la Cámara de Senadores. El recinto deberá decidir si prosigue con el procedimiento de destitución o si acepta la renuncia del mandatario y rechaza el juicio político, una disyuntiva con fuertes implicancias legales, de acuerdo con el análisis publicado por el medio paraguayo citado.
Si el Senado avanza con la destitución, Peña no accederá a la condición de senador vitalicio y perderá los fueros correspondientes a esa figura. Este hecho lo expondrá a un eventual procesamiento penal de forma directa, sin necesidad de un desafuero previo en el Congreso.
Por el contrario, si la Cámara Alta acepta su dimisión, el mandatario pasará a ocupar una banca vitalicia con inmunidad parlamentaria. En ese caso, los senadores deberán tramitar su desafuero para habilitar una investigación judicial en su contra por los delitos imputados.
La crisis política se desató a raíz de la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre la entidad financiera Ueno Bank, tras registrar una caída en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido. Peña posee un vínculo con la institución bancaria a través de su rol como accionista de Ueno Holding hasta el año 2025. A causa del colapso, las aplicaciones y tarjetas dejaron de funcionar para casi tres millones de clientes.
Durante las semanas previas, el mandatario había desestimado las alertas sobre la institución financiera. Peña consideró el tema como una «creación de algún medio de comunicación», calificó el sumario del BCP como una cuestión «eminentemente técnica» y el pasado 27 de octubre reclamó «calma» y «prudencia» a la población.
Acorralado por la situación, el presidente anunció su dimisión a través de un video grabado desde la residencia oficial Mburuvicha Róga. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República», expresó el mandatario y resaltó la necesidad de garantizar la devolución de los recursos a los ahorristas damnificados.
El escándalo provocó la detención de ocho directivos del banco por orden de la Fiscalía y la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, a pedido del Poder Ejecutivo. En paralelo, los gremios de asegurados denunciaron de manera pública que los fondos estatales y previsionales depositados en la entidad financiera superaban los US$ 860 millones.
En medio de la turbulencia, la Cámara de Diputados rechazó el juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana por 48 votos en contra y 30 a favor, según comunicó de manera oficial el cuerpo legislativo. Las bancadas opositoras a la destitución argumentaron la necesidad de preservar la normalidad constitucional en la línea de sucesión ante la acefalía del Ejecutivo, tras considerar que Alliana carecía de injerencia directa en la crisis bancaria.
Por su parte, el bloque impulsor, respaldado por sectores de la oposición, fundamentó el pedido de destitución en una supuesta omisión y blindaje político por parte del vicepresidente frente a la colocación irregular de fondos previsionales públicos.
De forma paralela, la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad una ley para restituir el dinero a los afectados por el colapso de Ueno Bank. La normativa establece un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, con un procedimiento de pago por transferencias electrónicas que deberá iniciarse en un plazo de 24 horas y no exceder los cinco días hábiles.
Durante la sesión, el senador Dionisio Amarilla precisó que 1.400.000 clientes recibirán sus fondos de forma inmediata en cuentas radicadas en otros bancos, mientras que a otros 400.000 usuarios afectados se les habilitarán cuentas nuevas en coordinación con el Banco Central. El proyecto de ley dispone además que aquellas personas receptoras de transferencias bancarias por error quedan obligadas a restituir dichos fondos en un plazo máximo de 24 horas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ratificó a través de un parte de prensa oficial que la prioridad del Congreso Nacional radica en garantizar la recuperación de los recursos de las familias paraguayas y preservar la estabilidad del sistema financiero. A su vez, el legislador abogó por encontrar una salida política responsable en el marco institucional y aclaró que las investigaciones pertinentes deberán establecer las responsabilidades de las autoridades del BCP y de la cúpula de la entidad financiera. Según el titular de la Cámara Baja, el propio Peña le ratificó en privado su convicción de inocencia y su intención de dar batalla durante el proceso político.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
