Tras haber sido destituido, ordenaron la detención del expresidente de Paraguay, Santiago Peña.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó este sábado 7 de noviembre la prisión preventiva del ex presidente de Paraguay Santiago Peña. La medida judicial establece que el ex mandatario deberá permanecer recluido en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, luego de haber perdido el cargo tras ser declarado culpable de mal desempeño de funciones por la Cámara de Senadores.
La causa que motivó su detención se originó tras la intervención y posterior resolución de Ueno Bank debido a graves problemas de solvencia. Medios como Infobae y Tn remarcaron que la caída de la entidad financiera afectó directamente a unos 2,94 millones de clientes, incluidos ahorristas particulares, jubilados y diversos organismos públicos que mantenían sus depósitos e inversiones en la institución.
De acuerdo con el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez, el ex jefe de Estado fue imputado formalmente por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. El funcionario judicial precisó que ambos hechos punibles, considerados en su modalidad agravada, contemplan penas privativas de la libertad de hasta diez años de cárcel.
El expediente fiscal sostiene que Peña habría intervenido de manera directa en circunstancias vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales en el banco intervenido. Asimismo, la investigación detalla que el ex presidente mantenía una relación económica y corporativa previa con Ueno Holding, el grupo empresario al que pertenecía la entidad financiera.
La acusación impulsada por los legisladores detalla que Peña poseía acciones equivalentes al 1,58% del capital de Ueno Holding, además de un certificado de depósitos de ahorro y un bono en Itti, firmas que integraban el Grupo Vázquez. Si bien los antecedentes indican que el ex mandatario vendió dicha participación en marzo de 2025, ya durante su gestión presidencial, el juez Otazú justificó la privación de la libertad al considerar indispensable garantizar su sometimiento al proceso judicial.
Ante la fuerte tensión social y la concentración de manifestantes y personas afectadas en las inmediaciones, la audiencia de imposición de medidas debió llevarse a cabo en la sede de la Fiscalía General bajo estrictos protocolos de seguridad. Tras la resolución, el ex presidente fue trasladado al recinto militar bajo custodia policial.
Paralelamente, el nuevo presidente Pedro Alliana, quien ocupaba la Vicepresidencia de la República, asumió formalmente el mando en el Palacio de López y comenzó a estructurar su gabinete ministerial. Entre las primeras designaciones confirmadas se encuentran el abogado Ariel Martínez al frente del ministerio del Interior y Rolando de Barros como titular del Gabinete Civil, en un intento por estabilizar la administración gubernamental.
El nuevo vicepresidente Antonio Barrios adelantó que el Ejecutivo recurrirá a la cooperación de países aliados con el objetivo de rastrear los activos administrados por la entidad y determinar el destino final de los recursos. En tanto, desde la Cancillería destacaron que las instituciones paraguayas demostraron solidez frente a la crisis institucional, ratificando a su vez la continuidad de la alianza estratégica con Estados Unidos.
En el plano económico, las autoridades monetarias informaron sobre los primeros avances en la restitución de fondos a los ahorristas damnificados. El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, detalló que más de un millón de personas ya cobraron la garantía estatal, tras desembolsos que superan los 996.000 millones de guaraníes equivalentes a 160 millones de dólares.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
