El Gobierno estadounidense fue autorizado para levantar el muro y colocar vigilancia en el parque nacional Big Bend, en Texas, al resolver que la seguridad fronteriza prima sobre el impacto ambiental demandado por ambientalistas.
LaCorte Suprema de Estados Unidos dio luz verde de forma inmediata a la reanudación de las obras del muro fronterizo y la instalación de equipos de vigilancia en el parque nacional Big Bend, en el oeste de Texas. Mediante un fallo cautelar de cinco páginas, el máximo tribunal revocó el bloqueo dictado previamente por un tribunal de distrito texano, al argumentar que los intereses «apremiantes» del Gobierno en materia de seguridad e integridad territorial prevalecen sobre cualquier daño ambiental, estético o recreativo.
La disputa legal gira en torno a la facultad del Secretario de Seguridad Nacional para aplicar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA). Esta normativa permite omitir el cumplimiento de decenas de leyes medioambientales para acelerar infraestructuras en zonas fronterizas. En su veredicto, el tribunal sostuvo que el propio Congreso ya estableció una preferencia clara por la construcción expedita por encima de los perjuicios ecológicos, un equilibrio que los jueces de instancias inferiores no pueden alterar.
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La medida impacta de forma directa sobre una de las áreas protegidas más relevantes del país: el parque nacional Big Bend abarca más de 324.000 hectáreas a lo largo de la frontera con México y alberga especies amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes autóctonos. La decisión judicial desestimó los argumentos presentados en abril por grupos conservacionistas y residentes locales, quienes denunciaban violaciones a la Constitución por las exenciones otorgadas a las empresas contratistas.
Tras conocerse la sentencia, las organizaciones ambientalistas expresaron su rotundo rechazo. Laiken Jordahl, activista del Centro para la Diversidad Biológica, entidad demandante, advirtió que la resolución habilita la «destrucción permanente del lugar más salvaje de Texas» y afecta a un río emblemático de la región.
El fallo se ejecuta sobre una de las zonas con menor tránsito migratorio irregular del país. El sector de Big Bend comprende 832 kilómetros de frontera y representó apenas el 1,3 % de las detenciones fronterizas registradas durante 2025.
Trump tiene paso para cerrar la frontera, luego de su derrota electoral
Tras el mal desempeño de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump admitió públicamente que su estrategia de deportaciones masivas resultó «demasiado dura». En una entrevista televisiva posterior a los comicios, el mandatario señaló que, si bien obtuvo buenos resultados en el cierre de fronteras, le perjudicó haber expulsado a trabajadores integrados a la sociedad cuyo único delito fue ingresar irregularmente al país.
El traspié en las urnas, marcado por la pérdida de la mayoría legislativa en ambas cámaras del Congreso, puso bajo la lupa los operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyo impacto en sectores económicos y comunidades generó un fuerte desgaste político. Pese a la autocrítica presidencial sobre los daños colaterales en la fuerza laboral, la administración se encuentra en una encrucijada institucional.
Ahora, el gobierno estadounidense deberá revisar sus intenciones en las políticas inmigratorias que separen al vecino latino como a los demás países. En un momento de crisis política, Trump tiene que decidir si pesan más sus intenciones de recrudecer sus planes de gobierno o amigarse con la idea de soltar un poco la cuerda para no verse afuera de la Casa Blanca dentro de 2 años.
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Orígenes del muro fronterizo: un proyecto de infraestructura con tres décadas de historia en EE.UU.
Los antecedentes formales de la infraestructura divisoria se remontan al año 1990, cuando bajo la presidencia de George H.W. Bush se empezaron a levantar los primeros tramos kilométricos significativos en zonas urbanas como San Diego, California. Años más tarde, en 1996, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal, un marco normativo clave que sentó las bases legales para acelerar la construcción de barreras de contención y otorgar excepciones a regulaciones ambientales en áreas de alta seguridad.
Durante las administraciones siguientes, tanto demócratas como republicanas continuaron expandiendo el trazado. En 2006, bajo el mandato de George W. Bush, se promulgó la Ley de la Valla Segura (Secure Fence Act), la cual autorizó la construcción de cientos de kilómetros adicionales de cercos y muros dobles y triples en sectores estratégicos de la frontera sur, dotando al Ejecutivo de fondos específicos y mayores atribuciones para eludir controles ecológicos locales.
El punto de inflexión político y mediático moderno se produjo en enero de 2017, cuando Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 13767, formalizando su promesa de campaña para erigir un muro continuo y modernizar la tecnología de vigilancia en toda la región limítrofe. A partir de entonces, las sucesivas controversias presupuestarias, batallas judiciales y litigios con organizaciones ambientalistas, como los tramos recientes en el parque nacional Big Bend, han mantenido el proyecto en el centro de la tensión política del país.
MP / EM
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