Sus allegados sostienen que podría recuperar la libertad antes de lo previsto porque buscan que le computen el tiempo que permaneció detenido en la Argentina.
El empresario argentinoFederico Andrés «Fred» Machadofue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de activos y fraude electrónico.
Su sentencia quedó en manos del juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había negociado con la Fiscalía después de ser extraditado desde la Argentina, en noviembre de 2025. Además, rechazó los planteos de la defensa y avaló el pedido de los fiscales para dejar sin efecto decenas de cargos y ampliaciones que formaban parte de la acusación original.
Aunque recibió dos penas de 72 meses de prisión, una por cada delito, ambas deberán cumplirse en simultáneo. En otras palabras, no son dos condenas de seis años que se suman, sino una pena total de seis años de cárcel. A ese período se sumarán otros tres años de libertad supervisada, que comenzarán una vez que salga de prisión.
Uno de los puntos que ahora sigue de cerca el entorno del empresario es el tiempo que lleva detenido. Machado fue arrestado en abril de 2021 en la Argentina y permaneció bajo custodia en el país hasta que finalmente fue extraditado a Estados Unidos, en noviembre de 2025. Sus allegados aseguran que ese período debería descontarse de la condena y que, por lo tanto, podría recuperar la libertad «pronto».
En caso de que la Justicia acepte ese planteo, podrían restarle alrededor de cuatro años y medio de los seis de prisión.
El juez también le impuso una multa y una evaluación especial de US$100 por cada cargo. En cambio, dejó para más adelante la definición de cuánto dinero deberá devolverles a las víctimas de las maniobras. Para discutir ese punto, fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027, al mediodía, en el tribunal federal de Sherman, Texas.
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El acuerdo que le permitió evitar una condena por narcotráfico
En un primer momento, el empresario se había declarado inocente y estaba dispuesto a enfrentar un juicio por jurados. Sin embargo, en mayo de 2026 cambió de postura, negoció con la Fiscalía y reconoció su responsabilidad por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico.
Sujeto a esa negociación, los fiscales retiraron el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde la imputación original de 2020. Esa acusación contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.
Esta causa estadounidense había reconstruido un esquema de captación de inversiones mediante supuestas operaciones de compraventa de aviones. Machado manejaba negocios desde Florida a través de sociedades como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, y trabajaba con otras firmas que intervenían en las transacciones.
Según la investigación, ofrecían aeronaves que no estaban realmente disponibles para la venta o que pertenecían a terceros. Entre las operaciones cuestionadas había negociaciones por aviones vinculados con China, Japón y Air India.
Uno de los episodios más importantes del expediente ocurrió en noviembre de 2020. En ese momento, se acordó un depósito reembolsable de US$5 millones por una aeronave de Air India. Sin embargo, de ese monto, US$550.000 terminaron transferidos directamente a cuentas de Machado para fines que no estaban relacionados con la operación.
También involucró a su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, vinculada con una de las compañías que intervenían en los negocios. En 2023, recibió una condena de 16 años de prisión.
Los US$200.000 que recibió Espert y la derivación política en la Argentina
El vínculo entre Machado y Espert no se limitó a la utilización de aeronaves durante la campaña presidencial de 2019. En enero de 2020, el exdiputado recibió una transferencia de US$200.000 desde una cuenta vinculada al empresario.
Este movimiento de dinero quedó incorporado a la documentación judicial estadounidense y está relacionado con una aeronave de matrícula N28FM, que Machado utilizaba durante sus viajes a la Argentina. La transferencia es, precisamente, uno de los puntos que conectan la investigación en Texas con la causa que se tramita en el país.
Espert explicó que el dinero correspondía a un anticipo por un contrato de consultoría de un millón de dólares para un proyecto minero en Guatemala. Según su versión, el trabajo finalmente no se concretó por la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, en octubre pasado, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado por presunto lavado de activos, al considerar que había elementos suficientes para avanzar con la imputación por los US$200.000 que recibió de una firma vinculada a Machado.
Además, el magistrado dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. Espert apeló el procesamiento y negó haber cometido un delito.
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