Mientras el Ejecutivo reclama ante el Tribunal del Mar frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas, el oficialismo parlamentario busca darle las puntadas finales a ley de Defensa de la Soberanía Nacional para conseguir darle luz verde en Diputados.
El texto necesita mayoría simple para su aprobación en general, pero el título de «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones» que modifica cuestiones electorales requiere mayoría absoluta del total de los miembros. Es decir, 129 votos afirmativos.
En La Libertad Avanza dicen estar trabajando para sumar respaldos. El PRO afirma que acompaña en su totalidad, en la UCR aseguran que faltan «detalles», mientras que hay bancadas federales que no definieron postura o están pidiendo modificaciones.
«Esta semana es decisiva», señaló una legisladora libertaria que participa de las negociaciones. El jueves habrá una reunión de jefes de bloque en donde el oficialismo medirá fuerzas para ver si puede sesionar el 18 de noviembre con el Presupuesto 2027 -su prioridad- o con el Plan B: la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
En el medio, se cuela la interna oficialistas y las sospechas de que las autoridades de la Cámara Baja, encabezadas por Martín Menem, traban el avance del proyecto porque fue craneado por el asesor presidencial Santiago Caputo. «Ayudando no están», sentencia un legislador.
Los ejes de conflicto siguen siendo los mismos desde el inicio del debate, sin embargo surgen nuevos pedidos de retoques.
El título que modifica cuestiones electorales y por eso necesita mayoría absoluta es el séptimo. Dentro de él se encuentra el artículo que mayor rechazo generaba porque podía limitar la libertad de expresión.
Se trataba del que establecía penas de 5 a 12 años de prisión «para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina».
Fue modificado y se aclaró expresamente: «No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable».
Igualmente hay organizaciones y ONGs ligadas a otros países a las que no les termina de convencer.
Dentro de ese título también hay un artículo que prohíbe a «las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras» realizar «actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral».
A su vez, otros pasajes dentro de ese título modifican el Código Penal para, por ejemplo, agravar penas por traición a la patria si involucran funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia.
La bancada de Argentina Federal que reúne a misioneros y salteños y firmó el dictamen en disidencia- insiste con la eliminación de ese capítulo entero, aunque esperan a ver que les plantean en la reunión de este jueves.
En Provincias Unidas, como casi con todos los temas, están divididos. Quienes responden a gobernadores se inclinan a acompañar mientras que los demás no. Otra bancada federal decisiva es la de los tres catamarqueños, quienes aseguran que todavía no fijaron postura.
El punto ligado a la protección de «infraestructuras críticas» es otro punto sensible sobre el que hacen hincapié algunas provincias y sectores empresariales.
El dictamen incorporó un párrafo para descartar una preocupación de empresas de informática y telecomunicaciones respecto al posible al control o censura de datos e información.
«Ninguna disposición podrá interpretarse como habilitante de la regulación, el monitoreo, el acceso, la restricción o el bloqueo de los contenidos que se transmitan a través de dichas redes y sistemas», aclararon.
El Gobierno, a pedido de sus aliados del MID, también especificó el rol que tendrá el Congreso. Más allá de crear una Bicameral de control y seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional que crea la Ley, establece que en caso de acciones «sobre aeronaves o buques militares de países extranjeros y representen un riesgo inminente de guerra o de represalias militares», el Congreso deberá autorizar al Ejecutivo a seguir en esa línea, o no.
Por manda constitucional, el Congreso es el que debe «autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz» y facultarlo «para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas».
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