El presidente Javier Milei designó a Ramiro Anzit Guerrero como subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. La medida fue oficializada este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial, a través del decreto 1352/2026, que estableció que el nombramiento rige desde el 28 de octubre.
“Desígnase, a partir del 28 de octubre de 2026, en el cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional al doctor Ramiro Anzit Guerrero”, señala el texto firmado por el Poder Ejecutivo.
El funcionario es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, cuenta con un magíster en Estudios Estratégicos obtenido en el Instituto Universitario Naval y cursó una especialización en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia en la Universidad Tecnológica Nacional. También amplió su formación en España, Estados Unidos, Taiwán e Israel.
Su trayectoria combina experiencia en organismos internacionales, inteligencia criminal y espacios académicos vinculados con la criminología. Hasta marzo de 2025, cuando asumió como Director Nacional de Inteligencia Criminal por decisión de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia. Desde ese puesto tenía a su cargo las actividades de la organización en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
En julio de este año, además, Argentina lo propuso como candidato para integrar la Comisión para el Control de los Archivos de INTERPOL (CCF). Su postulación formó parte de las 20 candidaturas presentadas por países miembros de la organización, entre ellos Francia, Reino Unido, India, Turquía, Ucrania, Países Bajos y Namibia. De ese conjunto, solo siete aspirantes serán seleccionados.
La CCF es el órgano independiente encargado de supervisar el procesamiento de datos personales en los archivos de INTERPOL y garantizar que se ajuste a las normas internas de la organización. Sus integrantes son elegidos por la Asamblea General y ejercen sus funciones con autonomía respecto de los países que los proponen.
El cierre de la cárcel de Devoto aparece entre los principales desafíos de su nueva responsabilidad. Según pudo saber Infobae, Anzit Guerrero tendrá a su cargo avanzar con el traslado de los detenidos y la posterior entrega y demolición del establecimiento penitenciario, un proyecto que forma parte de una promesa de más de 50 años.
El funcionario también buscará encauzar la relación con otras jurisdicciones, particularmente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en torno al traslado de detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz. La coordinación entre las administraciones es uno de los puntos que deberá atender para avanzar con la reorganización del sistema de alojamiento de personas privadas de su libertad.
Otro de los objetivos será fortalecer los aspectos técnicos, de capacitación y tecnológicos del Servicio Penitenciario Federal. En ese marco, la incorporación de herramientas como inhibidores de señal y drones forma parte de las prioridades planteadas para mejorar las capacidades operativas de los establecimientos.
La agenda también contempla profundizar los mecanismos de cooperación con el Poder Judicial, evitar situaciones de superpoblación en las cárceles federales y ampliar los programas de trabajo y estudio destinados a los detenidos. A su vez, buscará incrementar el intercambio de experiencias y la asistencia a los sistemas penitenciarios de las provincias.
Anzit Guerrero también tuvo participación en la organización de la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto, una actividad por la que recibió un reconocimiento. Su intervención en ese operativo se suma a los antecedentes de gestión que ahora tendrá que trasladar a la conducción del área penitenciaria.
En el plano académico, integra la British Society of Criminology, la Australian and New Zealand Society of Criminology, la South Asian Society of Criminology and Victimology de India, la Pakistan Society of Criminology y el Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais, Brasil.
