La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a la Argentina por la violación de los derechos de Eduardo Moliné O’Connor, el exintegrante de la Corte Suprema de Justicia que fue destituido en 2003 mediante un juicio político impulsado por el Congreso. El magistrado falleció en 2014.
El proceso tuvo lugar en el marco de la renovación de la Corte Suprema que impulsó Néstor Kirchner tras asumir la Presidencia en 2003. En ese contexto, el entonces mandatario pidió al Congreso que avanzara con juicios políticos contra varios integrantes del máximo tribunal.
En su sentencia, el tribunal consideró que durante el proceso de remoción se vulneraron las garantías judiciales del magistrado. Señaló que distintas decisiones adoptadas durante el trámite no tuvieron la fundamentación necesaria y que las autoridades judiciales que debían revisar las impugnaciones presentadas por Moliné O’Connor no respondieron adecuadamente a sus planteos.
La resolución también cuestionó la revocación de la pensión vitalicia que le correspondía por haber integrado el máximo tribunal. Según la Corte IDH, esa medida estuvo vinculada con una destitución arbitraria. Además, advirtió que el proceso judicial iniciado para reclamar por la quita del beneficio se extendió injustificadamente durante más de diez años.
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El tribunal concluyó que el Estado argentino violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También encontró vulneraciones a los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social.
A su vez, consideró que las decisiones cuestionadas afectaron el proyecto de vida del exjuez.
En julio de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había fallado contra el Estado argentino por considerar que se violaron, entre otros, el principio de independencia judicial y el derecho a la protección judicial. La sentencia de la Corte IDH notificada este jueves profundizó y formalizó esa condena en el ámbito interamericano.
Qué medidas deberá cumplir el Estado argentino
Como parte de la sentencia, la Corte IDH ordenó a la Argentina regularizar el régimen de pensión que le correspondía a Moliné O’Connor. También dispuso la publicación y difusión del fallo y de su resumen oficial, además del pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, costas y gastos.
La sentencia fue adoptada por un tribunal integrado por Rodrigo Mudrovitsch, presidente; Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta; Ricardo C. Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez.
La jueza argentina Verónica Gómez no intervino en la tramitación del caso, ni en la deliberación ni en la firma del fallo.
