En provincias del norte la discusión sobre 2027 no solo se reduce a los partidos y las encuestas sino que también se juega en los tribunales. Con diferencia de días, dos de los gobernadores más influyentes del NOA tuvieron novedades judiciales sobre las reglas con las que piensan llegar a las urnas. En Salta, el máximo tribunal provincial despejó el camino para el nuevo sistema electoral de Gustavo Sáenz; mientras en Tucumán, la Corte Suprema de la Nación dio el primer paso formal en la causa que busca impedir que Osvaldo Jaldo compita por otro mandato.
La Corte de Justicia salteña rechazó por unanimidad las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 8.535, que la Legislatura aprobó el 30 de abril con el nombre oficial de Ley de Participación Democrática. En los pasillos legislativos y en la oposición se la conoce como una Ley de Lemas encubierta. El fallo resolvió en conjunto tres expedientes.
Uno lo presentaron Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (de La Libertad Avanza), otro el dirigente de izquierda Claudio Del Plá y el tercero Alejandro Patrón Costas (Partido de la Reconquista). Los cuestionamientos apuntaban a los ejes centrales de la norma que son el sistema de acumulación de votos dentro de cada frente, la exigencia de presentar candidaturas en, al menos, quince de los veintitrés departamentos para competir por la gobernación y la obligación de que los frentes electorales reúnan como mínimo a dos partidos. El esquema cambia la lógica de la competencia porque ya no se enfrentan candidatos contra candidatos, sino frentes contra frentes.
Es decir, los votos de todas las listas de un mismo espacio se suman y dentro del frente ganador se impone quien haya sacado más votos individuales. Así, un postulante puede llegar al cargo aunque otro candidato de un espacio distinto haya obtenido, por sí solo, más sufragios. Y eso es lo que critica la oposición.
Los jueces no aceptaron esos argumento al sostener que las provincias tienen plena autonomía para darse su propio régimen electoral, según la Constitución Nacional, y que la Carta Magna salteña deja esa materia en manos de la ley y le da amplias facultades a la Legislatura. Para el tribunal, elegir un sistema electoral es una decisión política de oportunidad y conveniencia que no corresponde revisar a la Justicia. También consideraron que el mecanismo de asignación de cargos respeta la elección directa porque los ganadores surgen del voto popular sin ningún órgano intermedio.
Sobre los quince departamentos, el fallo entendió que la exigencia es razonable porque busca que quien aspire a gobernar toda la provincia tenga presencia y organización en todo el territorio. Con el mismo criterio validó el piso de dos partidos por frente, que a su juicio asegura mayor representatividad. Tampoco encontró afectación del principio de igualdad porque la ley distingue entre partidos y alianzas, que son figuras diferentes.
La reforma trae además otros cambios que son ampliar los plazos para inscribir frentes y presentar candidaturas, y obliga a abrir todas las urnas para hacer un conteo manual de los comprobantes impresos del voto electrónico, con fiscales de todas las fuerzas. Desde el inicio, dirigentes como el exgobernador Juan Manuel Urtubey y referentes de La Libertad Avanza cuestionaron la ley por restrictiva para las fuerzas chicas y por favorecer al armado oficialista, que podrá procesar sus internas dentro del mismo frente sin dividir los votos. El bloque oficialista la defendió como una modernización del sistema y rechazó que sea un regreso a los lemas.
De fondo hay otra discusión porque Sáenz cumple su segundo mandato y en la provincia sigue abierto, en la política y en los tribunales, el debate sobre si puede volver a ser candidato. Todo esto ocurre con una Corte que el propio gobernador amplió a nueve miembros y que este año sumó dos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. Un abogado salteño vinculado a la Casa de Gobierno provincial y consultado por Ámbito, señaló que conviene no interpretar el fallo más allá de lo que expresamente establece.
Esto es, la Corte salteña se limitó a analizar si la nueva ley electoral es compatible con las constituciones provincial y nacional, no se pronunció sobre los requisitos para ser candidato ni sobre los límites a la reelección. De hecho, aclaró este letrado, el propio tribunal indicó que las condiciones personales para acceder a la gobernación siguen siendo las que fija la Carta Magna provincial. Por eso, la resolución no habilita ni impide una eventual nueva postulación de Sáenz.
Esa posibilidad todavía no se concretó porque, a la fecha, no hay una candidatura oficializada ni una presentación judicial al respecto, pero tampoco existe un fallo a favor o en contra. Si el gobernador decidiera finalmente competir, esa discusión tendrá su propio trámite, con otros argumentos y en otro momento, explicó. Tucumán: la Corte Suprema consulta a Casal Mientras el sistema salteño quedó firme, en Tucumán la pelea judicial recién empieza porque la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de la Nación le pidió a la Procuración General que opine sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial.
El dictamen quedará a cargo del procurador interino Eduardo Casal y no es vinculante. La consulta tiene un alcance acotado porque Casal deberá opinar si el tribunal tiene competencia originaria para tratar la demanda. No se pronunciará, al menos por ahora, sobre el fondo, es decir, sobre si Jaldo está habilitado para competir.
Si la Corte se declara competente, correrá traslado a la provincia, que tendrá 60 días para responder. La demanda la presentó el 26 de octubre el diputado nacional Mariano Campero, de Cambia Tucumán, con el respaldo de Fuerza Republicana, el PRO y CREO. Los demandantes sostienen que el artículo 90 permite encadenar mandatos entre la vicegobernación y la gobernación, hasta dieciséis años seguidos en la cima del Ejecutivo.
Para ellos, eso viola el principio republicano de alternancia que las provincias deben respetar. Es el caso de Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2023, estuvo a cargo del Ejecutivo mientras Juan Manzur era jefe de Gabinete de la Nación y asumió como gobernador en 2023. El Gobierno tucumano respondió en dos frentes porque, por un lado, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls defendió la validez del artículo en nombre de la autonomía provincial, afirmó que la cláusula no deja margen para otras interpretaciones y cuestionó que los opositores hayan ido directo a la Corte nacional sin pasar antes por la Justicia local.
También rechazó la comparación con el caso del exgobernador Juan Manzur en 2023, cuando quiso volver como vice para lo que hubiera sido un quinto mandato consecutivo de la fórmula. Jaldo, por otro lado, primero calificó la presentación como una maniobra política para sacarlo de la competencia. Días después bajó el tono y dijo que acatará lo que resuelva la Corte, que no está aferrado al cargo y que se siente preparado para gobernar otros cuatro años.
El reloj juega un papel central porque Tucumán desdobló sus elecciones y votará el 9 de mayo de 2027, por lo que las candidaturas deberían oficializarse un mes antes. Los antecedentes pesan porque en 2023 una medida cautelar del máximo tribunal frenó la postulación de Manzur y la causa quedó abstracta cuando él se bajó, sin que la Corte se pronunciara sobre el fondo del artículo 90. Ese mismo año, Casal dictaminó que el sanjuanino Sergio Uñac no podía ser candidato, aunque al principio había sostenido que la Corte no debía meterse en elecciones provinciales; el tribunal se declaró competente igual.
Y en diciembre de 2024, la Corte declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. En los tribunales circulan distintas lecturas. Algunas creen que la Corte no querría convertirse en árbitro anticipado de la política y que solo intervendría ante una candidatura ya oficializada.
Otras advierten que todo dependerá de la solidez de los argumentos opositores. En el plano político, la causa también generó ruido dentro del antikirchnerismo porque el libertario Lisandro Catalán, candidato a gobernador en Tucumán y miembro del directorio de YPF, criticó a los espacios que la impulsaron. En ambos casos, Salta y Tucumán, la discusión de fondo es la misma.
Es decir, hasta dónde llega la autonomía de las provincias para fijar sus reglas y cuándo la Justicia decide ponerles un límite. A menos de seis meses del cierre de listas, la respuesta pesa tanto como cualquier encuesta.
