El Tribunal Supremo de Puerto Rico impuso una multa de USD 500 a cada uno de dos hermanos, Víctor Manuel y Mercedes Velázquez Feliciano, por presentar escritos con decenas de citas de casos inexistentes en un litigio sucesorio. El tribunal presume que las referencias fueron generadas por una herramienta de inteligencia artificial sin la debida verificación humana.
La resolución, emitida el 28 de octubre de 2026, aborda el uso de tecnología generativa en procesos judiciales. Los hermanos se representaron a sí mismos, sin abogado, ante las tres instancias de la justicia de la isla: el tribunal de primera instancia, el de apelaciones y el Supremo.
Los jueces Raúl Candelario López y Camille Rivera Pérez fundamentaron la decisión en votos particulares de conformidad.
La orden incorpora una advertencia sobre responsabilidad digital: quien litigue por cuenta propia debe aplicar la misma diligencia que un abogado al utilizar herramientas tecnológicas, incluida la revisión y validación de todo contenido producido mediante inteligencia artificial. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas u otras medidas disciplinarias.
“Cada cita falsa obliga al tribunal y a la parte contraria a refutar un derecho que nunca existió, y esa demora la paga el sistema”, escribió Candelario López.
Siete escritos con decenas de citas que no existen
Candelario López señaló que los hermanos presentaron siete escritos con decenas de citaciones inexistentes, aparentemente incorporadas sin controles de verificación. En un solo recurso ante el tribunal de apelaciones se incluyeron diez casos que no constan en las decisiones del Supremo y en el recurso final ante ese foro aparecieron otros cuatro.
En algunos casos, la referencia remitía a una sentencia real, pero los fragmentos atribuidos no figuraban en el documento original. En otros, el caso ni siquiera aparecía en las bases y colecciones oficiales del tribunal. Varias de las citas falsas se replicaron en distintos escritos, una de ellas hasta tres veces.
El tribunal concluyó que, a simple vista, los casos parecían haber sido creados por herramientas tecnológicas, aunque no identificó una plataforma específica.
Aclaró que el uso de inteligencia artificial no constituye, por sí mismo, una conducta sancionable. La falta consiste en emplear contenido generado por estos sistemas para inducir a error a los jueces mediante decisiones que nunca fueron dictadas.
Los hermanos también formularon acusaciones sin evidencia contra funcionarios judiciales. Alegaron que el audio oficial de una audiencia había sido “amputado” y que las fechas del sistema electrónico de expedientes fueron modificadas para encubrir fallas del juez. El Supremo calificó esas imputaciones como frívolas.
Del pleito por la herencia a la sanción
El caso comenzó el 26 de diciembre de 2024 con una demanda para dividir y liquidar los bienes de una herencia familiar.
Los hermanos contaron con representación legal hasta que su abogado solicitó retirarse el 23 de junio de 2026, debido a diferencias sobre la estrategia y dirección del caso.
El 4 de agosto comunicaron que asumirían su propia defensa. El juez de primera instancia los citó a una audiencia por videoconferencia el 18 de agosto y concluyó que ninguno estaba apto para representarse.
Les concedió 30 días para contratar un abogado. El 21 de septiembre se apartó del caso para evitar cualquier apariencia de parcialidad.
El tribunal de apelaciones rechazó el recurso de los hermanos el 18 de septiembre. Ellos presentaron entonces una petición ante el Supremo el 19 de octubre, y el 28 de octubre ese tribunal la rechazó e impuso las multas.
El Supremo ya había examinado riesgos vinculados con el uso de inteligencia artificial entre profesionales del derecho.
Candelario López recordó el caso In re Irizarry Centeno, en el que dos abogadas citaron sentencias inexistentes, así como una multa de USD 1.000 impuesta a otra abogada el 6 de octubre de 2026. Según el juez, esta es la primera ocasión en que el tribunal se pronuncia sobre el uso de estas herramientas por litigantes sin abogado.
