Pocos días después de que papa León XIV concluyera su histórica visita a la Argentina, los tiempos políticos se aceleraron en el Congreso. Conscientes de que quedan solo dos semanas para el fin de las sesiones ordinarias el Gobierno comenzó a dar señales claras de cuáles son sus prioridades legislativas.
En medio de tensiones internas que ya casi nadie se molesta en ocultar, el sector del oficialismo encabezado por Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem comenzó a presionar para destrabar la suspensión de las elecciones primarias (PASO). Por indicación de la Casa Rosada, el senador libertario Agustín Coto convocó para la semana que viene a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la idea es dictaminar el proyecto de reforma política el próximo martes y lograr la media sanción el 26 de noviembre.
En los planes del Gobierno, luego la Cámara de Diputados le dará sanción definitiva durante las sesiones extraordinarias de diciembre y así cumplirán con el pedido de la Justicia Electoral, que advirtió que cualquier cambio en la forma de votación debe realizarse en años pares para evitar “cambiar las reglas del juego” tan cerca de los comicios.
Sin decirlo, el karinismo apunta contra Patricia Bullrich, porque sospechan que no tiene verdadero interés en suspender las primarias por su ambición personal de competir en una interna contra Milei. No obstante, desde el entorno de la jefa del bloque colocan las responsabilidad en el Poder Ejecutivo por no haber garantizado los votos. Justamente de eso deberá encargarse el jefe de Gabinete Diego Santilli durante la próxima semana.
Por su parte, la Cámara de Diputados también definió prioridades. La semana que viene convocará a una sesión especial el miércoles para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Si bien se descarta que ambos proyectos serán aprobados, el de Malvinas se encamina a sufrir la amputación del Título VII, que incorpora cambios al régimen electoral y al Código Penal para sancionar la “injerencia extranjera” en la política argentina.
Este capítulo genera objeciones entre bloques aliados y dialoguistas, que sostienen que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. El Gobierno se comprometió a modificar nuevamente la redacción pero no lo eliminará de raíz como pretende la oposición y dado que al modificar normas electorales requiere 129 votos afirmativos es probable que caiga rechazado.
A la semana siguiente, el miércoles 25, el oficialismo llevará al recinto el proyecto de Presupuesto 2025. El texto de la “ley de leyes” aún no fue dictaminado porque bloques aliados como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal todavía esperaban una respuesta del Ministerio de Economía a la mayoría de sus planteos, que van desde las deudas por coparticipación a CABA, a los fondos para Discapacidad y Universidades, concesiones viales, aportes a las cajas previsionales y rebajas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
En este caso, será el Senado el que deberá completar la sanción del Presupuesto durante el mes de diciembre, algo de vital importancia para el Gobierno a la hora de mostrar previsibilidad económica y estabilidad política a los mercados en un contexto de fuerte incertidumbre internacional y con algunos datos económicos negativos a nivel local.
Con tantos temas de alto perfil arriba de la mesa de negociación, es probable que al menos una decena de proyectos se posterguen para el año que viene o directamente caigan en el olvido.
Entre ellos se destaca el denominado Super RIGI, que el Gobierno puso en el centro de la agenda hace apenas unos meses pero luego perdió impulso. La iniciativa, que tiene media sanción de Diputados, apuntaba a incentivar las grandes inversiones en nuevas industrias como data centers e inteligencia artificial con beneficios fiscales por 30 años. Pero quedó trabada en el Senado cuando los aliados del oficialismo reclamaron la incorporación de los proveedores locales. Por el momento no hay rumores de que se trate durante las próximas semanas.
A la inversa, la ley de biocombustibles se aprobó en el Senado pero quedó trabada en Diputados porque el PRO, la UCR y bloques provinciales reclamaron mayor protección para las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, que no podrán competir con las grandes empresas productoras de Córdoba y Santa Fe.
Entre los temas pendientes, los que conservan alguna posibilidad de ser tratados durante las sesiones extraordinarias son la nueva ley de Salud Mental y la ley de Discapacidad. La primera, que entre otros puntos modifican criterios de internaciones, fue recientemente aprobada en el Senado a pesar del rechazo del peronismo pero todavía no comenzó a discutirse en comisión en Diputados. Por su parte, la reforma del área de Discapacidad consiguió un amplio consenso en Diputados y debería tratarse en el Senado en el corto plazo.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales. Sin embargo, el mensaje fue interpretado como un desafío a la Casa Rosada, que tiene otras prioridades.
En cambio, el panorama es más incierto para el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros), la denominada Ley Hojarasca y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes. Los tres primeros tienen media sanción de Diputados pero ni siquiera fueron dictaminados en el Senado.
Finalmente, la ley de ludopatía se encamina a perder estado parlamentario incluso a pesar de que Patricia Bullrich había adelantado que se trataría en las “próximas semanas” luego de una fuerte campaña de presión de la Iglesia Católica.
“La ludopatía infantil no es un juego; destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerles límites”, dijo Bullrich, pero la normativa que incluso restringe la publicidad de las casas de apuestas legales es rechazada por las provincias, que podrían ver sus recursos disminuidos.
