El gobierno de Donald Trump desplegó una estrategia muy clara para impulsar esta ley en nuestro país.
La ley de patentes que saldría del Congreso tendría el sello del lobby de los laboratorios nacionales y no el de Estados Unidos.
Esta información fue dada a conocer por la Agencia Noticias Argentinas (NA). El proyecto que el Senado discutiría el próximo 19 de noviembre propone la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con reserva del Capítulo II, lo que no concuerda con el texto que exigían Estados Unidos y las multinacionales.
Desde el primer momento, según NA, la postura de los laboratorios extranjeros fue igual: el PCT debía aprobarse tal como salió del Senado en 1998, sin incluir ninguna reserva.
CAEMe, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, donde están agrupadas las filiales locales de Pfizer, Merck, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK y Sanofi, y la cámara AmCham mandaron cartas a los legisladores para rechazar cualquier tipo de modificación del tratado.
Su postura es que la reserva “debilita fuertemente el beneficio del sistema”, porque el Capítulo II es la instancia de examen preliminar internacional que permite una mejora en la calidad de las solicitudes y bajar la incertidumbre.
Las multinacionales también mencionaron la inversión de 8.000 millones de dólares en investigación clínica en la Argentina entre los años 2026 y 2032 que anunció el presidente Javier Milei, que está condicionada al marco de propiedad intelectual.
Según la Agencia Noticias Argentinas, a ese compromiso hace referencia el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, en sus apariciones públicas como argumento principal para acelerar la sanción de la ley.
La presión de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos tiene una postura todavía más exigente que la de las compañías: el PCT integra el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) que Milei firmó con el presidente Donald Trump el pasado 5 de febrero.
Para destrabar la iniciativa, Lamelas pidió públicamente su aprobación; el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, viajó a Buenos Aires pero no consiguió llevar el proyecto al recinto; funcionarios de la oficina comercial USTR pasaron por el Congreso; y el propio consejero comercial de la embajada, Joel Reynoso, reconoció esta semana que “estamos muy ansiosos” por la sanción.
El informe anual de Washington anunció que chequeará el cumplimiento del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos y que Argentina “sigue planteando desafíos” para las industrias de alta intensidad en propiedad intelectual.
Según NA, en ese contexto, la reserva del Capítulo II, que impulsan los laboratorios nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), dejaría a nuestro país adhiriendo al tratado, pero con la mitad de su utilidad desactivada.
La ley que saldría con el sello del lobby local no satisfaría a Estados Unidos, dejaría los 8.000 millones de dólares quedarían condicionados al arbitraje de las compañías y potenciaría el reclamo de Washington de que nuestro país cumple solo al 50% con el acuerdo comercial.
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