El diputado K y dirigente social Juan Grabois sufrió tres reveses en la Justicia en los últimos días. Por un lado, el juez federal Sebastián Ramos rechazó su pedido para que le restituyan el celular que usó durante la violenta toma del Instituto Perón y evitar que se investigue si dio órdenes a los militantes para ingresar a ese edificio propiedad del ministerio de Capital Humano.
Por otro lado, la cámara federal rechazó un recurso suyo para apelar su procesamiento a la Cámara Federal de Casación Penal y por otro avaló que se le realice una pericia biométrica en la causa de la violenta toma del instituto Perón durante la cual resultaron heridos varios policías y se rompieron las instalaciones.
Ramos rechazó el nuevo pedido para devolverle el teléfono. La defensa había solicitado, como alternativa, que Grabois pudiera conservarlo como depositario judicial mientras se resolvía el planteo de nulidad vinculado con el peritaje, informaron a Clarín fuentes judiciales.
El abogado de Grabois, Nicolás Rechanik sostuvo que, una vez dictado el procesamiento, la retención del equipo había perdido su finalidad. También invocó la condición de abogado y político de Grabois y denunció presuntas filtraciones que atribuyó a la querella ejercida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Ramos respondió que “el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación” que sigue con el contenido de su celular que está por abrirse y que el legislador retrasó con una serie de medidas. Señaló que todavía falta identificar a otras personas que podrían haber participado en la toma. La fiscalía había pedido tanto el secuestro del teléfono como su peritaje.
Según la querella, Grabois habría usado el celular durante la toma para transmitir lo que ocurría y convocar a otras personas a colaborar. Esa es una de las razones por las que considera que el contenido del aparato podría aportar pruebas.
El juez mantuvo el dispositivo bajo resguardo judicial. La extracción de datos sigue pendiente y, según señaló Ramos, su procedencia deberá evaluarse a la luz de los planteos de la defensa, entre ellos una queja ante la Corte Suprema.
Ramos advirtió que el examen del celular podría implicar “una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad” pero que se tomarán las medidas de resguardo necesario. Dijo que, llegado el momento, deberá sopesar el alcance de esa intromisión y la utilidad concreta de la medida para la causa.
Luego, los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, de la Sala I de la Cámara Federal porteña, declararon inadmisible el recurso de la defensa contra el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de $5 millones.
Los camaristas señalaron que el procesamiento queda fuera de las resoluciones que pueden recurrirse por esa vía. También entendieron que los argumentos de la defensa “revelan su disconformidad con la decisión adoptada” y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente.
En una resolución aparte, los mismos jueces declararon inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica. El planteo fue presentado por Rechanik el 14 de octubre.
La Cámara también consideró insuficientes los argumentos de la defensa sobre la eventual afectación de los derechos y garantías de “las personas que pudieran ser identificadas” mediante esa diligencia.
El 1° de octubre, la Sala I de ese tribunal había confirmado el procesamiento de Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. El expediente investiga el ingreso al inmueble de Austria 2593/2601, en la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de junio de 2025.
El día anterior, Grabois había convocado en X e Instagram a un “café con Perón”. La actividad se anunció con un flyer que decía “defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar ‘Un’”. El instituto había sido cerrado por decreto.
La defensa sostuvo que el procesamiento se basaba en la condición pública y política del diputado. Al confirmar la medida, la Cámara citó testimonios policiales y grabaciones que lo ubicaban “a la cabeza del grupo que ingresó indebidamente a un inmueble del Estado”.
Según ese fallo, durante el ingreso hubo daños y policías heridos. Los camaristas también señalaron que el grupo permaneció en el edificio pese a las órdenes impartidas por funcionarios públicos.
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