La secretaria Marta Avilez se sumará al Gabinete provincial. Foto: Archivo
El gobernador Alberto Weretilneck impulsa una nueva modificación de la Ley de Ministerios para devolverle a Trabajo el rango de Secretaría de Estado e incorporarla formalmente al gabinete provincial.
La iniciativa busca darle autonomía funcional y mayor capacidad de intervención a un área que hoy funciona dentro del Ministerio de Gobierno.
La reforma, que tendrá tratamiento en la sesión del próximo jueves 26 de noviembre, consolida el acuerdo sindical de Weretilneck con la UOCRA, que lidera en la región Atlántica Damián Miler.
Ese entendimiento tuvo su expresión inicial en la designación al frente de la cartera laboral de Marta Avilez, fuertemente vinculada con ese sindicato. Ahora, la secretaría y la funcionaria se incorporarán al Gabinete provincial.
Weretilneck había modificado la jerarquía de Trabajo, que ostentaba rango ministerial desde el 2024, en la gestión de la gobernadora Arabela Carreras, aunque, previamente, ya había sido secretaria de Estado.
Avilez se afianzó en el tiempo y, poco a poco, construyó un fuerte vínculo con el mandatario, que afianzó el previo entendimiento existente con la UOCRA de Miler, potenciada por la participación del sector en los proyectos energéticos.
La modificación entraría en vigencia el 1 de enero de 2027 y, entre los fundamentos, el mandatario pone el foco en la transformación de la matriz productiva rionegrina y en las demandas laborales que generarán las grandes inversiones en marcha y proyectadas.
El Ejecutivo menciona expresamente a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Duplicar Norte, SESA, el proyecto minero Calcatreu y Argentina LNG. Sostiene que esas iniciativas no solo demandarán trabajadores durante la construcción de las obras, sino que también impulsarán nuevas cadenas de valor, servicios, actividades industriales y necesidades de especialización.
En ese escenario, el Gobierno considera necesario que la autoridad laboral «tenga mayor jerarquía y capacidad de articulación con empresas, sindicatos, municipios, organismos provinciales e instituciones de formación profesional».
La argumentación oficial busca correr a Trabajo de una función limitada a la intervención ante conflictos o incumplimientos. La nueva estructura apunta a darle participación en la planificación de las inversiones, anticipar las demandas de empleo y vincular la formación de trabajadores con las necesidades del sector productivo.
Uno de los ejes centrales será la fiscalización de la Ley 5804, conocida como la norma del 80/20, que establece prioridades para la contratación de trabajadores con residencia en Río Negro.
La iniciativa asigna a la Secretaría de Estado la aplicación y el control de esa legislación sobre empresas, contratistas y subcontratistas. Para eso prevé inspecciones territoriales, relevamiento de nóminas, verificación documental y seguimiento de las altas laborales.
Los fundamentos remarcan que no alcanza con que las empresas declaren su intención de contratar mano de obra local. El Estado deberá verificar que esa prioridad se cumpla efectivamente.
También plantea ampliar los controles sobre el empleo no registrado, las condiciones de contratación, la higiene y seguridad y la prevención de accidentes laborales. En ese punto, el Gobierno informó que durante 2025 la Secretaría de Trabajo realizó unas 5.500 fiscalizaciones y relevó a 26.479 trabajadores en distintos puntos de la provincia.
El crecimiento de las obras y de la actividad económica, según el mensaje oficial, exige reforzar los equipos técnicos, inspectivos y administrativos para evitar que la expansión productiva se traduzca en precarización laboral.
La nueva Secretaría tendrá además responsabilidades específicas en capacitación, formación profesional y reconversión ocupacional. El objetivo será vincular la oferta de trabajadores con los perfiles técnicos que demandarán los proyectos energéticos, mineros, industriales, logísticos y de infraestructura.
El texto propone articular programas con municipios, universidades, instituciones educativas, centros de formación, sindicatos y cámaras empresariales. También incorpora políticas de inserción laboral para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y otros sectores con mayores dificultades de acceso al empleo.
La reestructuración incorpora un listado de 24 competencias para la Secretaría de Trabajo y traslada a esa nueva jurisdicción las funciones laborales que hasta ahora estaban dentro del artículo correspondiente al Ministerio de Gobierno.También faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar organismos, servicios, personal y bienes, además de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El Ministerio de Gobierno y la nueva Secretaría deberán elevar una propuesta de estructura orgánica al gabinete para su aprobación por el gobernador.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.












