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    El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar la Ley Malvinas y espera que el PJ acompañe parte del proyecto

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    El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar la Ley Malvinas y espera que el PJ acompañe parte del proyecto

    El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar en general la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y espera que Unión por la Patria acompañe una parte de la iniciativa durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada confían en obtener la media sanción después de introducir nuevas modificaciones al texto, aunque reconocen que todavía existen diferencias sobre el organismo que coordinará las políticas estratégicas y las sanciones por injerencia extranjera.

    El oficialismo prevé una sesión de aproximadamente 13 horas, de las cuales al menos nueve estarían destinadas al tratamiento de la Ley Malvinas. La Libertad Avanza acordó avanzar con una votación en general y después discutir los distintos títulos del proyecto por separado. Esa modalidad permitirá identificar qué apartados reúnen los consensos necesarios y cuáles podrían quedar excluidos o sufrir modificaciones durante el debate parlamentario.

    En Balcarce 50 sostienen que el peronismo acompañará la votación en general y el título I, dedicado principalmente a fortalecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. En la bancada opositora no lo niegan. En el Ejecutivo también esperan conseguir el respaldo de algunos diputados de Unión por la Patria para otros apartados, aunque reconocen que no habrá una posición uniforme del bloque opositor sobre toda la iniciativa.

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    La expectativa oficial se apoya en las negociaciones de las últimas semanas con los bloques aliados y dialoguistas. En Nación consideran que los acuerdos alcanzados permitirán sostener una mayoría favorable durante la sesión. Las principales dudas están concentradas en el capítulo sobre injerencia extranjera y en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, dos de los puntos que generaron mayores diferencias durante el tratamiento en comisión y obligaron al Gobierno a revisar el articulado.

    El proyecto fue impulsado políticamente por Santiago Caputo y redactado con intervención de la Secretaría Legal y Técnica. Su contenido original estaba concentrado en la defensa de los recursos naturales y la soberanía sobre las Malvinas, pero después incorporó disposiciones sobre inversiones extranjeras, infraestructura crítica, coordinación estratégica del Estado y protección de los procesos electorales. Esa ampliación del alcance de la ley explica buena parte de las resistencias que enfrenta el oficialismo, incluso entre sectores que respaldan el endurecimiento de las sanciones contra las actividades hidrocarburíferas no autorizadas.

    La última versión que circuló entre los diputados introdujo modificaciones en el organismo que inicialmente iba a denominarse Consejo de Seguridad Nacional. El Gobierno resolvió reemplazar esa denominación por Consejo de Asuntos Estratégicos y volvió a excluir al Ministerio de Seguridad de su integración permanente. La cartera encabezada por Alejandra Monteoliva podría intervenir cuando los asuntos tratados requieran su participación. El cambio representa un regreso al esquema original, después de que el oficialismo hubiera aceptado incorporar a Seguridad durante las negociaciones anteriores.

    Las atribuciones del nuevo organismo también generan reparos. El proyecto contempla mecanismos de evaluación de determinadas inversiones de Estados extranjeros o empresas bajo su control en sectores estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica. Parte de la oposición advierte que esas facultades podrían interferir en decisiones económicas de las provincias, especialmente en proyectos que involucren compañías con participación estatal extranjera. El texto incorpora excepciones para operaciones comerciales ordinarias que no impliquen control, influencia determinante o acceso a información tecnológica sensible.

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    La otra discusión central está vinculada con el título VII, que introduce modificaciones en materia electoral y penal. La iniciativa establece nuevas sanciones contra determinadas campañas de injerencia extranjera y conductas destinadas a alterar procesos institucionales. El oficialismo reconoce que ese apartado es el más ajustado en términos de votos, porque necesita reunir una mayoría absoluta de 129 diputados para aprobar las modificaciones correspondientes. En la Casa Rosada creen que puede conseguir ese número, pero admiten que el resultado será más estrecho que el de la votación general.

    Para reducir las objeciones, el Ejecutivo modificó nuevamente la definición de las conductas sancionables. Entre los cambios incorporó mayores exigencias sobre el conocimiento y la intención de quienes participen en una campaña de injerencia extranjera. También eliminó expresiones cuestionadas por su amplitud y aclaró el alcance de las restricciones sobre la difusión de contenidos. La intención es evitar que la nueva figura penal pueda confundirse con actividades periodísticas, académicas o expresiones individuales protegidas constitucionalmente.

    Sin embargo, las modificaciones todavía no despejaron todas las diferencias. Algunos diputados aliados consideran que las definiciones siguen siendo demasiado amplias y podrían alcanzar actividades legítimas de organizaciones sociales, sindicatos o sectores empresariales. En el oficialismo confían en que las negociaciones durante la sesión permitan resolver esas objeciones. La votación por títulos será determinante para establecer cuánto del proyecto original consigue finalmente la media sanción, incluso si la aprobación general se produce con una mayoría amplia.

    La conducción libertaria también sigue de cerca la posición de Unión por la Patria. El bloque presentó un dictamen de minoría que comparte el objetivo de sancionar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina, pero plantea diferencias sobre otros mecanismos. Entre los cuestionamientos aparece el régimen de desistimiento y regularización, que permite a determinadas empresas abandonar las actividades alcanzadas y acceder a un tratamiento diferente de las sanciones. El peronismo advierte que ese instrumento podría facilitar que algunas compañías eviten las multas previstas por la legislación, una interpretación que el Gobierno busca contrarrestar durante el debate.

    El apuro de la Casa Rosada tiene una explicación que excede la agenda parlamentaria. El Ejecutivo quiere avanzar con la Ley Malvinas antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto tentativamente para el 28 de noviembre. En el oficialismo consideran que fortalecer las herramientas legales contra las actividades hidrocarburíferas no autorizadas puede complementar la estrategia judicial y diplomática que impulsa la Argentina frente al Reino Unido.

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    La presentación argentina ante el tribunal de Hamburgo apunta a obtener medidas provisionales que impidan el inicio o la continuación de determinadas actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las audiencias se realizaron el 10 y el 11 de noviembre y los jueces deberán pronunciarse sobre las medidas solicitadas mientras se constituye el tribunal arbitral que intervendrá posteriormente. La resolución del 28 de noviembre no resolverá la disputa de soberanía sobre las Malvinas, pero podría tener consecuencias sobre el desarrollo de las operaciones hidrocarburíferas cuestionadas.

    En la Casa Rosada sostienen que la estrategia sobre Malvinas tiene distintos frentes simultáneos y que la aprobación de la nueva ley permitiría ampliar las herramientas administrativas y sancionatorias del Estado argentino. Sin embargo, para que esas disposiciones entren en vigencia será necesario completar también el tratamiento en el Senado. Por eso, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos parlamentarios y evitar que las diferencias sobre los capítulos más controvertidos terminen demorando el núcleo del proyecto.

    La sesión de este miércoles incluirá además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que vuelve a Diputados con modificaciones introducidas por el Senado, y distintos acuerdos internacionales. El Gobierno considera que la Ley Malvinas es una de las prioridades políticas de la jornada y confía en que los bloques aliados no alterarán los entendimientos alcanzados. La principal incógnita ya no pasa por la aprobación general, que el oficialismo da por encaminada, sino por cuántos títulos conseguirán superar la votación en particular y qué herramientas conservará el texto que eventualmente llegue a la Cámara alta.

    Fuente: tn.com.ar/politica/ — ver publicación original.

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