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    La Justicia porteña utilizó la reforma laboral del Gobierno para calcular una indemnización por despido

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    La Justicia porteña utilizó la reforma laboral del Gobierno para calcular una indemnización por despido

    El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revocó por mayoría una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei para determinar los intereses y la actualización de una indemnización por despido.

    El fallo lleva la firma de Alicia Ruíz, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Inés Weinberg y Luis Francisco Lozano.

    La decisión se dio en una causa contra el Banco Hipotecario, donde se hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la entidad bancaria.

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    La norma, que entró en vigencia el 6 de marzo de 2026 durante el trámite de la causa, establece un régimen para actualizar los créditos laborales en juicios en curso que no tienen sentencia definitiva. El mecanismo toma como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo equivalente al resultado de actualizar el capital por el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual.

    A su vez, el monto no puede ser inferior al 67% de lo que arroje esa fórmula.

    La Cámara había confirmado la condena al pago de la indemnización y declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación. Sobre esa base, ordenó actualizar el crédito desde su exigibilidad mediante el IPC más un interés puro del 3% anual.

    El Banco Hipotecario apeló esa decisión ante el TSJ por considerar que resultaba arbitraria y se apartaba de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”.

    Por su parte, la trabajadora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. El tribunal rechazó ese pedido y sostuvo que la declaración de invalidez de una ley constituye un recurso de última instancia.

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    La mayoría consideró que el régimen transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo y no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad. También señaló que el piso del 67% resulta compatible con la doctrina de no confiscatoriedad establecida por la Corte Suprema en el precedente “Vizzoti”.

    “La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, sostuvo el fallo.

    Con esos fundamentos, el TSJ resolvió aplicar el artículo 55 para determinar la actualización del crédito de la trabajadora, en concordancia con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Cabana Opanasiuk”.

    El fallo de la Corte y el mensaje del gobierno

    El pasado 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que, en los juicios laborales en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo deben actualizarse conforme a los criterios establecidos en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

    Tras conocerse la decisión, el ministerio de Capital Humano detalló que el artículo 55 establece parámetros objetivos para la actualización de esos créditos.

    El fallo “resulta auspicioso porque fija un criterio rector para el conjunto del sistema judicial” y “contribuye a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la protección del derecho de propiedad, favoreciendo que los costos indemnizatorios laborales se mantengan dentro de parámetros razonables”, sostuvo la cartera que conduce Sandra Pettovello.

    Fuente: tn.com.ar/politica/ — ver publicación original.

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