Este viernes se aprobará el pliego de licitación de la recolección de residuos de CABA para el período 2028-2038 y, como se preveía, no incluirá las indemnizaciones para los 6500 trabajadores del sector, como exige el Sindicato de Camioneros. Por eso en el gobierno porteño esperan que en ese momento comience la guerra con el gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo, que amenazaron con protestas en reclamo de ese beneficio, que representa unos 200 millones de dólares.
En el transcurso de la audiencia pública del 5 de octubre pasado, en el que se analizó el anteproyecto de los pliegos de licitación de la recolección de basura desde 2028, como anticipó Infobae, se confirmó que en la renovación de las concesiones del servicio no iba a figurar el millonario resarcimiento económico conocido como Ley Moyano, una norma no escrita y de nula legalidad por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Ante la difusión de la noticia, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, llamó a una movilización de trabajadores de la actividad ante la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, amenazó con un “paro total” si no se incluían las indemnizaciones.
“A la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, advirtió el hijo mayor de Hugo Moyano, que remarcó que las indemnizaciones en la recolección de residuos son “un derecho adquirido que venimos cobrando desde hace más de 30 años en todas las licitaciones”.
Desde entonces, hubo contactos extraoficiales de Aparicio con el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Higiene, Matías Lanusse, pero no tuvieron resultados positivos para el gremio: los funcionarios de la Ciudad ratificaron que Jorge Macri decidió no incluir las indemnizaciones en el nuevo pliego, aunque sí se pagarán las correspondientes al contrato vigente, que se prorrogó hasta septiembre de 2028.
En el macrismo aclararon que no hace falta que el pliego sea aprobado por la Legislatura porteña porque en su momento ya puso en vigencia el marco legal que se debe cumplir en cada licitación, por lo que sólo se requiere de la firma del jefe de Gobierno para poner en marcha la renovación del servicio de recolección de basura.
Ahora, una vez que esté firmado el pliego, los contratos se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.
La inminente aprobación del futuro pliego de licitación abre la puerta a un enfrentamiento extenso e incierto con Camioneros, que viene de ganar otra de sus batallas para que se respete la Ley Moyano: tras un paro de 72 horas, el sindicato logró hace 48 horas que se firme un acta que reconoce el pago de las indemnizaciones a los 30 empleados de una empresa que se encargaba del servicio de recolección de residuos en el Mercado Central y que fue reemplazada por otra compañía.
El gobierno de Jorge Macri está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el nuevo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares: las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.
Según quienes siguen de cerca este polémico tema, la Ley Moyano implica que los contribuyentes terminen pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.
El origen de la Ley Moyano fue la finalización del contrato de Manliba con el gobierno de la ciudad en 1998 y adquirió fuerza durante la gestión porteña de Mauricio Macri: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que cambiara una concesión.
Esa “ley” también se aplicó ante nuevas licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de los Moyano firmó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido.
El precedente alcanzó al supermercado Walmart cuando el Grupo Narváez lo compró en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir la aplicación de la Ley Moyano con el despido de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, el pago de la doble indemnización vigente y su posterior reincorporación.
Finalmente, la indemnización no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El conflicto expuso hasta dónde podía llegar el sindicato para sostener la aplicación de ese esquema en operaciones empresariales.
La misma presión de Camioneros apareció en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas porteño y Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los salarios de 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
Tras negociaciones, el acuerdo alcanzado entre ambas partes permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a depender de SBASE, empresa estatal de la Ciudad: mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno cobró hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.
La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con que la ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba a los 6 mil trabajadores ante el siguiente vencimiento contractual.
El gobierno porteño sostuvo que los contratos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero advirtió que en 2020 las partes prorrogaron los contratos por cuatro años adicionales, hasta 2028.
Luego de las amenazas sindicales y del clima de tensión, Hugo Moyano y el gobierno porteño acordaron en octubre de 2024 no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes sufrían problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas.
El entendimiento, de todas formas, provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección de residuos de la Ciudad. En la compañía Cliba, por ejemplo, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una compensación en 2028.
“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente sindical ante una cámara.
La reacción de las bases llevó a Aparicio a difundir un video explicativo. El dirigente definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo a los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permitió cobrar indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.












