Esta semana, tras la reunión de la Mesa Política del Gobierno que conduce Karina Milei, se informó que el Ejecutivo tiene en sus planes incluir en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso previstas para diciembre el llamado Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado en febrero pasado con Estados Unidos. Según distintos legisladores de la oposición y del oficialismo ese fue el mensaje transmitido por la Rosada a sus representantes legislativos.
Pero, en una semana muy caldeada en lo político por el tratamiento de la suspensión temporal de las PASO y la discusión sobre las colectoras, aunque sobre todo por el tembladeral económico, con subas del riesgo país, el dólar, el éxito para ratificar el ARTI no está garantizado. Y hasta el viernes tampoco habían enviado ningún texto, ni siquiera a sus aliados, aunque hace nueve meses que fue firmado.
El Gobierno recibió presiones de distintos funcionarios del Departamento de Estado y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, así como del embajador Peter Lamelas, para que se apure la ratificación del ARTI. Pero desde la Cancillería se les transmitieron las dificultades para llevarlo a cabo.
Los hermanos Javier y Karina Milei buscan mostrar, con distintos gestos, que hay actividad en torno al ARTI en medio de lo que será el viaje número veinte del Presidente a Estados Unidos, justamente en diciembre, cuando asistirá a la cumbre de líderes del Grupo de los 20, que se realizará en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida, el 14 y 15 de ese mes.
Si bien Trump, a quien Javier Milei ha tomado como su aliado incondicional, está sumamente golpeado por las elecciones legislativas de noviembre, tras las que los demócratas tomarán el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, sigue trabajando sobre la aprobación del ARTI. Más aún, como se vio en el pasado, los puntos del acuerdo también son similares a los que reclamaban en el pasado a la Argentina las administraciones y legisladores demócratas.
Pero el acuerdo, que tiene elementos muy criticados por la desproporción de los compromisos asumidos por la Argentina frente a Estados Unidos, también impulsa al país a modernizarse y abrirse a nivel internacional en áreas que estaban sumamente dominadas por otros sectores y atrasadas en función de la economía internacional.
Este contempla que Estados Unidos elimine aranceles para 1.675 productos argentinos, lo que, según la Cancillería, permitiría recuperar exportaciones por US$ 1.013 millones. A cambio, la Argentina asumió compromisos más amplios: el desarme de licencias de importación; del impuesto estadístico, el reconocimiento de autorizaciones de la FDA; la apertura a sectores vinculados con minerales críticos y, muy central, la cuestión de la propiedad intelectual.
Como en cada paso que da, el Gobierno debe buscar el respaldo de los gobernadores, varios de los cuales quieren avanzar con el acuerdo debido a la nueva configuración de una economía reenfocada en la energía, la minería y el agro. En el sector privado hay quienes advierten que las sesiones extraordinarias de diciembre podrían ser la última oportunidad concreta para aprobar el acuerdo antes de que el calendario electoral de 2027 complique el funcionamiento del Congreso.
Varios hechos se suceden en paralelo a un acuerdo firmado el 5 de febrero pasado, que necesita pasar por ambas cámaras del Congreso para ser ratificado. Este ofrece resistencia de la oposición y de algunos aliados. Analistas señalan la incompatibilidad de un texto que también busca condicionar las relaciones de la Argentina con China en numerosos sectores, pero que puede entrar en colisión con los acuerdos firmados, sobre todo con el Mercosur y los que este bloque suscribió con la Unión Europea.
Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo. 🇦🇷🤝🇺🇸La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu
En paralelo, el Gobierno vino aprobando acuerdos con Estados Unidos que lo van habilitando por partes, sin que sean estrictamente el ARTI. Para avanzar, al no contar inicialmente con los votos garantizados en el Parlamento, el Gobierno fue aplicando una estrategia de implementación fragmentada, combinando facultades propias del Poder Ejecutivo con votaciones legislativas puntuales antes de enviar el texto integral.
Por ejemplo, este jueves, el Senado aprobó el Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes. Es el llamado PCT, que busca la protección de la propiedad intelectual y la innovación y al que están adheridos 160 países. La Argentina llevaba décadas enfrascada en una discusión entre los laboratorios internacionales y los nacionales, que se oponían al tratado, y Estados Unidos incluyó este compromiso en todos sus reclamos desde hace años.
A mediados de octubre, el canciller argentino, Pablo Quirno, firmó en Washington un Protocolo Adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) junto al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien justamente había firmado el ARTI el 5 de febrero pasado. Entre otros puntos, Estados Unidos reafirmó el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoció el cumplimiento de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.
No fue un nuevo acuerdo comercial, sino una modificación del que ambos países firmaron el 5 de febrero, aunque de la manera posible, porque los acuerdos firmados no se abren. Pero intentaron adaptar el entendimiento al nuevo escenario jurídico y arancelario de Estados Unidos —donde la Corte Suprema bloqueó las subas de Trump, aunque permanecieron otras— y con eso el Gobierno cree que se puede destrabar su aprobación en el Congreso argentino.
“Hemos hecho un montón de pasos intermedios que necesitábamos”, dijo Quirno esta semana durante una charla pública con Santiago Carregal, expresidente del Estudio Marval O’Farrell Mairal. Además del PCT, Quirno, refirió hasta la Ley de Glaciares “para permitir darle horizonte a las inversiones en minería”. Sostuvo: “el RIGi está explotando”. Y habló de “30 proyectos aprobados en casi 75.000 millones de dólares comprometidos, un pipeline que nos va a llevar a más de 200.000 millones de dólares. La Argentina cambió y tenemos que todos apuntarle a ese norte porque eso es lo que nos va a dar crecimiento.”
Por fuera del acuerdo, además, Trump habilitó por este año una cuota adicional de exportación de carne vacuna para los productores argentinos, que llevó el cupo de las 20.000 toneladas permitidas a 100.000, con un crecimiento notable de las exportaciones locales a ese destino.
En septiembre, Quirno y el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, firmaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa estratégica de infraestructura e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos.
En el marco de esta iniciativa, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos emitió una propuesta no vinculante de hasta US$ 7.000 millones para el proyecto Argentina LNG, vinculado al yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén. Ello no significa que ese dinero ya esté desembolsado ni que los US$ 7.000 millones estén comprometidos en obras. Pero, además de darle otro gesto de confianza al Gobierno libertario, el documento estadounidense habla expresamente de excluir a actores no alineados con sus estándares de mercado e incorporar tecnología confiable.
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