El oficialismo queda con cuatro pero con más posibilidades de generar alianzas con los demás espacios. La regla no escrita de la Corte para evitar la reelección de los consejeros provenientes de los estamentos políticos.
Con la confirmación esta semana de los nombres de los diputados y senadores que integrarán el Consejo de la Magistratura hasta 2030, se conformó un bloque peronista de seis integrantes: los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Florencia López, el diputado Guillermo Michel (cercano a Sergio Massa), los abogados Itatí Demarchi y Fernando Levene y el académico Diego Molea, rector de la Universidad de Lanús.
En tanto, el oficialismo cuenta como propios a cuatro: la senadora por Neuquén, Nadia Márquez -la elegida de Karina Milei para presidir la comisión de Acuerdos de la Cámara alta-, los diputados Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que juró este jueves ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia junto a Molea.
Sin embargo, La Libertad Avanza podría tener hasta siete aliados en las distintas votaciones que se lleven a cabo en el órgano que selecciona y juzga a los jueces en los próximos cuatro años: el senador Maximiliano Abad, de la UCR -vicepresidente a cargo de la comisión de Acuerdos-, el diputado que resulte electo por la tercera minoría, los abogados Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, de la lista que armó Ricardo Gil Lavedra, los jueces Marcelo Gallo Tagle (lista Bordó) y Juan Culotta (Compromiso Judicial) y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
En tanto, Unión por la Patria podría sumar los votos de dos juezas, las representantes de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, más progresista: la jueza de la Cámara del Trabajo Gabriela Vázquez y la magistrada civil Paula Castro. Vázquez integró, junto al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla -que fue su suplente en las elecciones de candidatos a jueces para el Consejo-, la agrupación Justicia Legítima, que reclamaba mayor democracia en el Poder Judicial.
Fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron que con la nueva conformación habrá que seguir votación por votación para ver cómo se arman las mayorías. Por ahora, el bloque peronista cuenta con seis propios y el oficialismo con cuatro, pero con más posibilidad de generar alianzas.
La tercera minoría, entre Provincias Unidas y el Pro
El titular de la Diputados, Martín Menem, envió esta semana al Consejo los nombres de tres de los cuatro representantes de la Cámara baja pero no mandó el del diputado de la tercera minoría: no se resolvió el conflicto entre Provincias Unidas, que postula al cordobés Juan Brügge (aliado al gobernador Martín Llaryora), y el Pro, que impulsa a Florencia de Sensi , quien responde a Cristian Ritondo.
Provincias Unidas reclama para sí la tercera minoría por ser un interbloque de 18 miembros. Desde el Pro le responden que la ley vigente no contempla interbloques sino bloques y se adjudican a ellos ese espacio: cuentan con 12 diputados propios. El conflicto se podría judicializar.
El rechazo a Brügge generó que los diputados que responden a Llaryora y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no se sentaran en sus bancas en la sesión del miércoles, por lo que el oficialismo no llegó al quórum para sancionar, entre otras, la Ley por la Soberanía de Malvinas. Otro que faltó, y que suele votar con el oficialismo es Álvaro González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta y cuyo mandato en el Consejo terminó esta semana.
Bajada de línea de la Corte
PERFIL confirmó con dos fuentes independientes entre sí que hubo un mensaje no escrito desde la Corte Suprema de Justicia que inhabilitó las reelecciones en el Consejo, al menos para los representantes que vienen de la política. Los únicos que renuevan de la anterior conformación son el presidente del Máximo Tribunal, Rosatti y el viceministro de Justicia, Viola.
“Hubo un alerta de la Corte sobre la no reelección. Los que son eternos opinan sobre los que tenemos finitud. A nosotros nos designan y si nos designan no puede ser considerado reelección”, planteó un miembro del Congreso y consejero de la Magistratura, cuyo mandato venció esta semana.
Desde otro sector político, el senador Mariano Recalde, que fue consejero de la Magistratura por dos períodos, dijo a PERFIL que “la Corte intervino de facto el Consejo en forma abusiva, arrogándose facultades legislativas que le eran ajenas”. “Espero que el nuevo Consejo juzgue el comportamiento de los malos jueces”, advirtió un ex integrante del Congreso en el Consejo con una voz que sonó desesperanzada.
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