Todo ocurrió el fin de semana en Playas Doradas.
La tranquilidad del fin de semana en el balneario Playas Doradas se vio interrumpida por un suceso violento que dejó conmocionada a la comunidad del balneario y Sierra Grande, luego de un ataque inesperado entre conocidos que derivó en una grave agresión que provocó la fractura de cráneo a una víctima.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Justicia de Garantías, a cargo de Georgina Amaro, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma, el hecho ocurrió el sábado pasado en la villa marítima entre dos sujetos que venían arrastrando una conflictividad previa.
En horas de la noche, en cercanías de las calles Farito y Jarillal, el más fuerte habría agredido a su vecino mediante golpes propinados con un elemento de madera. Esta violenta acción provocó un traumatismo craneoencefálico grave con compromiso neurológico y pronóstico reservado. Además, le habría dañado el teléfono celular.
Durante una audiencia concretada ayer, se informó que entre los elementos reunidos por la fiscalía -a cargo de Yanina Estela Passarelli- para sustentar la acusación se cuentan el acta de procedimiento policial inicial, el certificado emitido por el médico policial, la actuación del Gabinete de Criminalística —que incluyó secuestro de prendas, toma de imágenes y hallazgo del elemento contundente—, el secuestro del teléfono celular y un registro fílmico aportado por una persona vecina en el que se observaría la secuencia relatada.
En forma paralela, la investigación mantiene medidas pendientes, como pericias sobre dispositivos electrónicos y video, además de entrevistas al entorno familiar de la víctima, tras lo cual se supo que la magistrada interviniente tuvo por formulados los cargos, luego de lo cual se debatió acerca de la medida cautelar. Se le endilgaron los delitos de lesiones graves y daños, en concurso real, conforme a los artículos 90, 183, 45 y 55 del Código Penal.
La fiscalía requirió la prisión preventiva indicando que el hecho reviste la entidad de un delito con pena de prisión y que, de manera provisoria, surge la participación penalmente responsable de la persona imputada. Señaló además que la escala penal, que prevé de uno a siete años de prisión, habilita la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.
En cuanto al riesgo procesal remarcó la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación, considerando la gravedad del estado de la víctima —quien permanece internada e inconsciente desde el momento del hecho—, la violencia descripta y la cercanía territorial entre las personas involucradas, en un contexto comunitario reducido. Añadió que existía una conflictividad previa que también debía considerarse.
Actuó como defensor oficial, Carlos Dvorzak. Este funcionario se opuso a la prisión preventiva, no obstante, la jueza hizo lugar a dicho pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva, en tanto que se decidió la participación de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) del Poder Judicial para garantizar asistencia a familiares de la persona que se encuentra internada con las graves heridas.
