Este lunes, desde las 10 y de manera virtual, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) realizará una audiencia pública para analizar la propuesta de AySA de rediseñar los coeficientes zonales que inciden en las facturas de agua y cloacas en el AMBA. El planteo prevé aumentos para cerca del 60% de los usuarios residenciales, bajas para otro 20% y facturas sin cambios para el grupo restante.
La iniciativa no queda aprobada por la celebración de la audiencia. El ERAS deberá evaluar las intervenciones y la documentación del expediente antes de resolver si acepta el esquema, con qué condiciones y desde cuándo entraría en vigencia.
La propuesta alcanza a los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Además de una nueva clasificación de las zonas, incluye una adecuación del cargo por cloaca para un área específica de la Capital Federal conocida como Radio Antiguo.
La propuesta reemplaza 11 coeficientes zonales por una escala de 5 niveles
Los coeficientes zonales son factores que modifican una parte de la factura según la ubicación del inmueble. Hoy el régimen contempla 11 valores, establecidos hace varias décadas. AySA propondrá pasar a cinco niveles, con coeficientes que irían de 0,75 a 2,75.
La empresa elaboró la nueva delimitación a partir de información del Censo 2022 y estimaciones de ingreso por radio censal. El criterio busca ajustar la clasificación territorial a los cambios urbanos y socioeconómicos registrados en el área de concesión.
El sistema vigente mantiene zonas con descuentos que fueron definidos cuando buena parte del conurbano todavía no contaba con redes de agua y cloacas. Según el diagnóstico de la compañía, esa estructura dejó de reflejar con precisión las diferencias de capacidad de pago entre distintos sectores del AMBA.
El cambio alcanza a la porción variable de la factura, que se calcula sobre los metros cúbicos consumidos para los usuarios medidos o sobre la superficie del inmueble en el régimen no medido. Los cargos fijos no se modificarían por esta revisión.
Cerca de seis de cada diez usuarios residenciales tendrían subas
De acuerdo con las proyecciones de AySA, el 59,6% de los usuarios residenciales tendría aumentos luego de la actualización. Dentro de ese conjunto, el alza media sería de 22,6%, con una factura promedio que pasaría de $ 29.116 a $ 35.710 mensuales, sin impuestos.
Otro 20% de los hogares mantendría el mismo valor y el 20,4% recibiría una reducción. La variación promedio de todas las facturas residenciales, al considerar tanto las subas como las bajas y los valores que permanecen sin cambios, sería de 11,4%.
Una parte relevante de los incrementos no provendría del nuevo zonal. El proyecto contempla retirar un descuento adicional de 15% que rige para áreas hoy ubicadas en los niveles más bajos. Unos 504.044 usuarios, equivalentes al 15% de los clientes residenciales, subirían únicamente por la eliminación de ese beneficio.
Para el resto de los casos con aumentos, el efecto surgiría del cambio de categoría territorial. La empresa calcula que 1,49 millones de hogares, el 44,6% del total residencial, pagarían más como consecuencia de esa reclasificación.
Las bajas se aplicarían de inmediato y las subas tendrían un tope mensual
AySA propondrá que las reducciones se trasladen a las boletas desde el primer mes de vigencia. Para quienes pasen a un zonal más alto, el incremento tendría un límite de 5% mensual sobre los cargos variables, lo que equivale a cerca de 4% efectivo sobre la factura total.
En el caso del descuento adicional de 15%, la quita se realizaría en tres etapas mensuales: el beneficio bajaría a 10% el primer mes, a 5% el segundo y se eliminaría en el tercero. Con ese cronograma, el ajuste completo se extendería hasta 19 meses para los usuarios con mayores cambios de categoría.
La propuesta también contempla incorporar al precio del metro cúbico de cloaca un recargo para los usuarios medidos del Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. La medida busca equiparar el tratamiento con el régimen no medido, que ya contempla el componente vinculado al servicio pluvial. El impacto estimado sobre la facturación total sería de 0,18%.
El excedente de facturación iría a la Tarifa Social
El rediseño generaría un aumento bruto de 7,3% en la facturación total de AySA, equivalente a aproximadamente $ 140.000 millones anuales a valores de septiembre de 2026. La compañía propondrá que la totalidad de esos recursos se destine al Programa de Tarifa Social.
El objetivo es reforzar los subsidios focalizados para hogares con dificultades de pago. AySA tiene hoy unos 122.000 beneficiarios de ese programa y prevé que los usuarios que ya reciben la asistencia no afronten aumentos netos si la reclasificación reduce el descuento que tenían por su zona.
El esquema combina el subsidio territorial, que depende de la zona donde se ubica el inmueble, con la Tarifa Social, que se solicita de manera individual y se determina según la situación económica del hogar. La empresa sostiene que esa combinación permitiría reducir los subsidios otorgados a usuarios que no los necesitan y ampliar la protección para quienes sí enfrentan dificultades para pagar.
La audiencia pública no tendrá carácter vinculante. Tras recibir las exposiciones, el ERAS deberá emitir una resolución sobre los cambios propuestos en los coeficientes zonales, el ajuste del Radio Antiguo y el mecanismo para asignar el excedente de facturación a la Tarifa Social.
La audiencia se realiza mientras avanza la privatización de AySA
La discusión sobre los coeficientes zonales ocurre en medio de la transferencia de AySA al sector privado. El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación del 90% de las acciones de la compañía al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A.
El grupo ofreció USD 340,2 millones por el paquete accionario estatal. La Resolución 1818/2026 fijó el 13 de noviembre como fecha límite para suscribir el contrato de compraventa, un paso que deberá completar la operación aprobada por el Gobierno.
El cronograma de la licitación prevé que el nuevo operador tome a su cargo la gestión integral del servicio entre enero y febrero de 2027. Hasta entonces, la definición sobre los cambios tarifarios debatidos este lunes seguirá en manos del ERAS, que deberá expedirse sobre la propuesta presentada por la actual conducción de la empresa.
