El fiscal Franco Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez emitieron un dictamen de 300 páginas en el que piden indagar a altos directivos de droguerías que habrían participado de un esquema de supuesta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La investigación versa sobre una serie de maniobras ilícitas desarrolladas -al menos- desde diciembre de 2023 y hasta octubre de 2025, período en el que distintas maniobras de supuesta corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI), según la acusación de los fiscales.
En ese sentido, según el dictamen, existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS: recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional. Asimismo, daba órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir.
Desde Suizo Argentina negaron las imputaciones y sobreprecios vertidos en el dictamen de Picardi. Hablan de pruebas incorporadas de manera dudosa y audios atemporales sobre personas que no tienen vínculo con la firma. Además destacan que Andis era solo un cliente de más de 10 mil con los que trabaja la compañía. El 95% de la facturación de la compañía se produce en el sector privado.
Según Picardi y Rodríguez, durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, esta firma facturó $124.652.174.118 a ANDIS desde mayo de 2024 a agosto de 2025, conforme surge de la información aportada por ARCA.
“Se puede advertir que la tenencia de información por adelantado en los términos analizados no fue una excepción, sino la regla, lo que da la pauta de las actividades de control y administración que la Suizo Argentina S.A. asumió desde mayo de 2024. En otras palabras, la actividad de la Suizo Argentina S.A. no se agotó en la administración de las compulsas, sino que además era la que controlaba las compulsas de precios de la ANDIS. Así, entre los archivos almacenados en el teléfono mencionado, se identificó otro conjunto de documentos: ya no se trata de planillas que anticipan cómo se comportaría una firma en particular en una compulsa, sino de matrices completas con información de los renglones totales de las compulsas de precios; la participación de cada una de las firmas cartelizadas y los porcentajes asignados por compulsa y acumulados a cada firma”, asegura la acusación de los fiscales.
En ese sentido, son varias las droguerías señaladas como supuestas partícipes de una maniobra irregular o que al menos figuran entre la facturación analizada. La Suizo Argentina S.A. administró, antes del cierre de las compulsas, los medicamentos de alto costo que cada una de las droguerías obtendría. En estos Excel se llevan controles y registros de las siguientes 14 firmas, Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y, Scienza Argentina S.A.
En la compañía “Droguería del Sud” afirman que su mercado en un 99% es con el sector privado y que las relaciones con el Estado son prácticamente inexistentes en su facturación.
Uno de los principales señalados en este esquema es Pablo Atchabahian, exdirector de ANDIS entre 2018 y 2019, que habría trabajado como lobbista de la principal droguería entre julio de 2023 y agosto de 2025.
El exfuncionario de Salud, según el dictamen, le indicó a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir e incluso a quiénes incorporar.
A modo de ejemplo, se recuerda el caso de Luciana Ferrari, persona de confianza de Pablo Atchabahian —que trabajaba en la empresa Roche S.A.Q.E.I.—, y quien en clara oposición a los intereses del Estado se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS, desde el sector privado, tal como se explicó oportunamente. De este modo, para la misma época en que Pablo Atchabahian actuaba como lobbista de Suizo Argentina S.A. y Daniel María Garbellini gestionaba en ANDIS dichos intereses de manera directa, Luciana Ferrari contó con usuario y clave del SIIPFIS por lo menos desde el 13 de agosto de 2024, apenas dos meses después del arribo de este último al organismo.
Así las cosas, el mismo día que Atchabahian pidió incluir a 20 de junio, también ordenó frenar y “dormir un pago” a una droguería -Dihemo S.A.- ya que “estaba jugando mal”.
Uno de los elementos más importantes del dictamen es el supuesto pago de sobreprecios. Si cita un ejemplo con las compras libradas por ANDIS para la provisión de la droga cladribina. Se identificaron 21 órdenes compra a través de las cuáles se adquirió la droga en cuestión.
“La lectura de las órdenes de compra permite corroborar que la droga fue comercializada, en líneas generales, a través de su versión “Mavenclad 10 mg 1 comprimido”, del laboratorio Merck. En cuanto a su valor, fue adquirida por ANDIS entre los $281.400 (por ejemplo, en mayo 2024) y los $584.563,51 (por ejemplo, en mayo 2025). Y esta droga era cotizada, en general, por Soldist S.A, Seguermed S.R.L., Dihemo S.A., Génesis S.A. y/o Droguería del Sud S.A., entre otras. Sin embargo, a partir de que Gonzalo Zarbo dio el aviso en su grupo de trabajo sobre la adquisición de cladribina en su versión comercial “Eurit” —del Laboratorio Richmond—, a costo de $92.000 y solicitó que roten, se produjeron en ANDIS, dos compulsas de precios en las que se requirió la provisión de la droga: la Nro. 01-24-07-297, del 29 de julio de 2024 e inmediatamente después la Nro. 01-24-08-298, del 2 de agosto de 2024″, señala el documento judicial al que accedió TN.
