Hace un año comenzó el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, calificado por la justicia federal como el mayor entramado de corrupción de la historia argentina. Más de cien testigos pasaron por el estrado, y el público pudo ver por primera vez los cuadernos escritos por Oscar Centeno que dieron inicio a la investigación. Se escuchó el testimonio de personas que certificaron lugares y montos del pago de coimas, el rol de los ex funcionarios. Se leyeron actas de allanamientos, se vieron las bóvedas y puertas blindadas de la casa de Cristina Kirchner, principal acusada.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
En el centro de la acusación se encuentra Cristina Kirchner, sindicada como la jefa de una asociación ilícita y destinataria de 175 hechos de cohecho pasivo (entre ellos 165 atribuidos al esquema de cartelización de la obra pública civil montado desde la Cámara Argentina de la Construcción). Junto a ella se juzga a más de un centenar de personas, -mayoritariamente empresarios- y exfuncionarios clave como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y los máximos directivos de las principales constructoras y energéticas del país.
El objeto procesal del juicio comprende la existencia de un “engranaje sistemático de recaudación de sobornos” montado desde la cúpula del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015. A través de contrataciones viales, concesiones de transporte, obra pública civil y subsidios energéticos, las empresas abonaban pagos ilegales en efectivo que oscilaban habitualmente entre el 5% y el 10% de los anticipos financieros y certificados de obra, según las confesiones que unificaron los tramos del expediente.
El debate unificó la causa matriz de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, con derivaciones directas como la cartelización de la obra pública, sobornos en las concesiones viales, en el transporte y otros sectores vinculados a la energía.
La fiscal general Fabiana León sostiene que no se trató de hechos aislados de “aportes de campaña” o extorsiones individuales sufridas por empresarios, sino del funcionamiento “orgánico de una matriz de corrupción estatal cartelizada y sostenida en el tiempo”.
Para la representante del Ministerio Público, el circuito se apoyó en un trípode indisociable: funcionarios que direccionaban fondos y habilitaban certificados, empresarios cartelizados que generaban la caja negra retirando divisas por ventanilla, y recaudadores que trasladaban bolsos repletos de dólares hacia departamentos privados y dependencias oficiales.
A lo largo de estos meses de audiencias, que en un inicio fueron solo virtuales y desde febrero adoptaron la modalidad híbrida, la fiscal León rechazó todos los pedidos de nulidad de las defensas, que buscaban derribar la validez de la ley del arrepentido o impugnar la custodia pericial.
Fuentes judiciales consignaron que la publicidad del debate oral y público “permitió que, por primera vez, la sociedad pueda ver los cuadernos físicos que dieron comienzo a la investigación”. Esto ocurrió en más de una audiencia, como documentación expuesta a ciertos testigos: los periodistas de La Nación, testigos que intervinieron en los allanamientos. Todos reconocieron el material cuya autoría una pericia oficial confirmó que era de Centeno. Sin embargo, otro informe pericial privado da cuenta de ciertas alteraciones en algunas partes de tres cuadernos.
Los cuadernos espirales originales asumieron un “protagonismo central como corpus documental”, según definió una fuente allegada al debate.
Exhibidos y cotejados en la sala de audiencias, operan para la fiscalía no como una prueba solitaria, sino como la “hoja de ruta”, o como calificó el juez Claudio Bonadio, “la bitácora de la corrupción”, cuya información fue corroborada con informes financieros, los testimonios de los arrepentidos y trazabilidad de movimientos bancarios, entre otros datos.
En su momento, aquellos manuscritos que se incorporaron inicialmente como copias de los originales, permitieron “convalidar que las direcciones asentadas (Uruguay 1306, el Hotel Feir’s Park, las sedes corporativas de Catalinas y el búnker de Planificación), las matrículas de los vehículos utilizados y las cifras detalladas concuerdan punto por punto con los registros de patentes de peajes, las antenas de telefonía celular y las confesiones brindadas en el expediente”.
Pero la exhibición de los cuadernos originales escritos en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 7 constituye para el Ministerio Público el blindaje material de la prueba madre frente a los reiterados embates procesales de las defensas: los cuadernos no existen, fueron quemados, manipulados, no son veraces.
Durante la instrucción y la etapa previa al juicio oral, los abogados defensores intentaron en múltiples ocasiones voltear el caso argumentando que los cuadernos no existían, que habían sido quemados en un asado —como declaró inicialmente el propio chofer— o que las copias digitalizadas habían sido manipuladas o adulteradas mediante peritajes de parte. La aparición de seis de los ocho cuadernos físicos originales, entregados a la Justicia por el periodista Diego Cabot en 2019, cambió de raíz la discusión probatoria.
Al poner los cuadernos físicos bajo la lupa del tribunal, la fiscalía y los jueces logran tres objetivos procesales decisivos: la autenticidad caligráfica y de tintas permite contrastar de manera directa y tangible los peritajes escopométricos y caligráficos oficiales que determinaron que la letra, los trazos y las tintas corresponden indubitablemente al puño de Centeno a lo largo de los años en que se produjeron los hechos.
En segundo lugar, corroboraron la cronología real: El estado físico de las hojas, los márgenes, las tachaduras espontáneas y el desgaste natural del papel demuestran que «no se trató de una redacción armada en un único momento para armar una causa, sino de una bitácora escrita en tiempo real, día a día, viaje tras viaje», indicó una fuente judicial.
Asimismo, al exhibirse en el debate, los cuadernos funcionan como el índice físico que conecta las confesiones de los empresarios arrepentidos con los elementos objetivos de la causa: fechas, patentes de vehículos, montos en dólares y domicilios exactos donde se produjeron las entregas de dinero.
«Algunos intervinientes en el juicio le creen a Centeno cuando dijo que se habían quemado, pero no cuando se admiten e incorporan los cuadernos físicos», explicó una fuente allegada al debate oral.
Para los acusadores, a lo largo de las audiencias se fueron «consolidando y mostrando a todo la sociedad las pruebas con las que nosotros podemos sostener la imputación. Pacientemente se va organizando, mostrando cómo ocurrieron las cosas», expresaron fuentes judiciales.
Con dos audiencias semanales, el debate sentó en el banquillo de los acusados a 60 empresarios contratistas del Estado, junto a 19 ex funcionarios y ex secretarios, ex choferes, cuenta además con la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). A la fecha, los acusadores creen que se han ido mostrando los elementos de prueba que hacen a la «columna vertebral de los hechos imputados e investigados».
Conceptualmente, el Ministerio Público entiende que se viene probando la acusación inicial que envió a todos los imputados a juicio oral. «Se fue corroborando que las cosas ocurrieron de la forma en que se dijo en la investigación inicial y se viene sosteniendo que ocurrieron y que fue validado por todas las instancias».
En la vereda de enfrente están las defensas, que consideran que la causa no cuenta con elementos de prueba que puedan sustentar las imputaciones, que la documentación habría sido manipulada y que muchos de los hechos que se dieron por corroborados “no se pueden contrastar porque no se pudo indagar a los arrepentidos”.
Los imputados colaboradores se negaron a declarar y a responder preguntas. Sin embargo, para el Ministerio Público es relevante un dato: ninguno de ellos se retractó de los aportes realizados durante la etapa de instrucción, cuando decidieron acogerse a la figura del arrepentido.
Para los abogados defensores no se pudo contrastar esos dichos y aportes, ya que se incorporaron las confesiones por secretaría y los protagonistas no aceptaron responder preguntas.
Tras concluir la etapa indagatoria, en la que desfilaron 24 imputados colaboradores, el tribunal abrió paso a un desfile testimonial de más de 400 personas: a la fecha más de cien de ellos declararon y otro centenar fueron desestimados por las propias partes. Esto, aseguran fuentes judiciales, «imprime mayor celeridad al juicio».
El 6 de noviembre se cumplirá un año exacto desde el comienzo del debate oral y público que condujo a la ex Presidenta a su segundo juicio en materia de corrupción.
En los últimos meses, declararon peritos y contadores oficiales que auditaron a firmas como Electroingeniería y las compañías viales que integraban el consorcio de Carlos Wagner, corroborando la existencia de inexplicables retiros masivos de dinero en efectivo «por ventanilla» en entidades bancarias, movimientos que carecían de respaldo comercial y coincidían con las fechas de pago de sobornos.
También se escucharon a peritos de la Policía Federal y analistas de telecomunicaciones. En audiencias reservadas declararon especialistas en entrecruzamientos telefónicos que analizaron uno de los registros de comunicaciones más grandes realizados en el país; demostraron que las celdas y antenas de los teléfonos celulares de Baratta, Centeno y los empresarios se activaban en sincronía exacta con los lugares, días y horarios consignados en los cuadernos.
También se escucharon declaraciones técnicas que contrastaron las planillas del financista arrepentido Ernesto Clarens, corroborando cómo los pagos de los contratistas del interior se convertían a dólares en cuevas de la City porteña antes de ser trasladados a los domicilios asignados.
En las últimas semanas, también declararon secretarias y empleados administrativos de la gestión de 2003 a 2015 dentro del Ministerio de Planificación Federal. Personal de planta de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión y de la Jefatura de Gabinete comparecieron para dar cuenta de las rutinas, los ingresos y las órdenes directas impartidas en los despachos ministeriales.
El entramado de recaudación ilegal expuesto a lo largo del juicio ante el TOF 7 reveló un engranaje milimétrico y aceitado que operó de manera ininterrumpida entre 2003 y 2015.
Se trata del circuito que -versa la acusación- comenzaba en la cúspide del Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido. A través de la Secretaría de Obras Públicas (a cargo de José López) y las áreas de transporte y energía, se direccionaban licitaciones hacia las empresas cartelizadas. El mecanismo de presión era directo: para que el Estado liberara los anticipos financieros o pagara las certificaciones de avance de obra, las constructoras y concesionarias debían tributar un porcentaje en concepto de retorno, que habitualmente oscilaba entre el 5% y el 10% del total adjudicado.
Un segundo eslabón es lo que se denominó como la generación del efectivo para una «caja negra». Para pagar los sobornos, los empresarios necesitaban disponer de sumas millonarias en moneda dura que no figuraran en los balances oficiales. Tal como declararon los auditores de ARCA (ex AFIP) y los propios imputados colaboradores, las firmas recurrían a facturación apócrifa, sobreprecios y retiros masivos de dinero por ventanilla en entidades bancarias o mutuales. En el caso de los contratistas del interior del país, el financista K Ernesto Clarens recibía los pesos y los convertía a dólares en cuevas de la City porteña para acondicionarlos en fajos y paquetes compactos.
Finalmente, la logística de recolección en el auto de Baratta, siempre negado por el ex funcionario. El traslado del dinero constituía la fase que Oscar Centeno asentó metódicamente en sus cuadernos. A bordo de un Toyota Corolla oficial, Centeno trasladaba a Baratta (mano derecha de De Vido) y a sus colaboradores por un circuito fijo de cobranzas en la ciudad de Buenos Aires: subsuelos y oficinas corporativas de grandes compañías en Puerto Madero, Catalinas Norte y el centro porteño, estacionamientos de hoteles como el Feir’s Park, la sede de la Cámara Argentina de la Construcción («la camarita»), entre otros puntos de encuentro.
Los empresarios o sus directivos descendían a las cocheras o recibían a los funcionarios para entregar los bolsos, mochilas o cajas repletas de fajos de dólares. Las antenas de telefonía celular analizadas por los peritos demostraron que los teléfonos de Baratta, Centeno y los ejecutivos impactaban en las mismas celdas en los horarios exactos en que los cuadernos registraban las paradas.
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