La oposición tucumana llevó a los tribunales la pelea por 2027 porque cuatro partidos firmaron este lunes 25 una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Piden que se declare parcialmente inconstitucional el artículo 90 de la Constitución de Tucumán y que esa cláusula no pueda usarse para habilitar un nuevo mandato de Osvaldo Jaldo en las elecciones del 9 de mayo próximo. Firmaron el escrito el legislador provincial Manuel Courel, presidente de la Junta Ejecutiva de Cambia Tucumán; Miguel Ángel Diosquez Dupuy, apoderado del PRO, partido que conduce el concejal de Tafí Viejo Benjamín Terraf; Gerónimo José Cruz Cornejo, apoderado de Fuerza Republicana, el partido del legislador provincial Ricardo Bussi, y Gustavo Antonio García, presidente del Consejo Provincial de CREO.
Las cuatro fuerzas unificaron su representación en Courel. El patrocinio legal está a cargo del abogado Marcelo Giullitti Oliva. “Esta demanda es trascendental para la institucionalidad de Tucumán”, dijo Courel.
El abogado explicó que el cuestionamiento apunta a la cláusula que permite que alguien que fue dos veces vicegobernador y una vez gobernador vuelva a ser reelecto. Así, según él, podría sumar 16 años en los máximos cargos de la provincia y controlar el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El planteo La demanda va directamente contra la Provincia y apela a la competencia originaria del máximo tribunal.
Su argumento es que el poder constituyente tucumano se pasó del límite que fija la Constitución Nacional al exigir a las provincias una forma republicana de gobierno. El escrito plantea dos objeciones distintas. La primera está en el propio texto del artículo 90.
La cláusula permite que un vicegobernador con dos mandatos cumplidos se postule a gobernador y sea reelecto, lo que suma cuatro períodos sin interrupción. Ese es, según los demandantes, el caso de Jaldo: fue vice durante las dos gestiones del actual senador nacional Juan Manzur, entre 2015 y 2023, y hoy completa su primer período como gobernador. El texto recuerda además que, siendo vice, Jaldo estuvo a cargo de la Gobernación desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2023, mientras Manzur era jefe de Gabinete de la Nación.
La segunda objeción surge de combinar esa cláusula con el fallo “Manzur”. En noviembre de 2022, la Corte tucumana resolvió que un gobernador con dos mandatos consecutivos podía postularse como vicegobernador en el período siguiente. Con las dos reglas juntas, sostiene la presentación, no queda ningún tope: después de ocho años como vice y ocho como gobernador, nada impediría volver a la vicegobernación y empezar de nuevo.
“Si tomamos la interpretación que hizo la Corte local en ese fallo, se podría alternar indefinidamente entre vicegobernador y gobernador”, resumió Courel. El escrito se apoya en tres antecedentes de la Corte nacional. En Río Negro, en 2019, el tribunal frenó una interpretación que permitía alternar sin fin entre gobernador y vice.
En San Juan, en 2023, bloqueó el cuarto mandato consecutivo del ahora senador nacional Sergio Uñac. En Formosa, en diciembre de 2024, declaró inconstitucional la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán. Courel destacó sobre todo los casos de Insfrán y Uñac, y aseguró que con esa jurisprudencia la cláusula tucumana “es totalmente inconstitucional”.
Los partidos aclaran en la demanda que no le piden a la Corte que defina cuántos mandatos debe admitir Tucumán. Solo quieren que diga si el régimen actual respeta la limitación temporal del poder. También piden que se mantenga vigente el resto del artículo 90.
Courel le dio al planteo un alcance más amplio que el jurídico. “En Tucumán hay un sistema que creó en su momento José Alperovich -exgobernador, en cumplimiento de una condena por abuso sexual- y que perfeccionaron Manzur y Jaldo, que perpetúa un esquema de partido único e impide la alternancia. Es un sistema electoral totalmente viciado”, afirmó.
Por qué ahora Para justificar la urgencia, los demandantes recordaron que el Poder Ejecutivo ya convocó a elecciones de gobernador y vice por decreto del 27 de julio y que Jaldo hizo pública su intención de buscar un nuevo período para 2027-2031. Courel señaló a Ámbito que «el momento de presentarlo es ahora porque ya se largó el calendario electoral”. Para el dirigente, lo que se busca con la acción declarativa de certeza es “poner orden” y que se declare inconstitucional esta posibilidad de reelección.
“Flojo de papeles” El diputado nacional Mariano Campero, de Cambia Tucumán, habló con la prensa en la sede de la Justicia Federal. Explicó que el objetivo es cuestionar una norma que, a su criterio, perjudica a la provincia. “Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, dijo.
El parlamentario, cercano a la senadora nacional Patricia Bullrich, repitió una advertencia que ya venía haciendo. “Como venimos advirtiendo, Jaldo está flojo de papeles”, sostuvo. Courel también usó esa frase y agregó: “Él lo sabe”.
Campero sostuvo que la discusión va más allá del caso puntual y que las sucesivas polémicas sobre la Constitución dañan la imagen de la provincia. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica”, afirmó. Campero acusó al oficialismo de haber dedicado años a la construcción de poder mientras quedaban sin resolver problemas como las rutas, los caminos rurales y el riesgo de inundaciones.
Definió la presentación como parte de la disputa por la Gobernación. “En el fondo, todo esto es para ganar el año que viene”, resumió. Un frente en construcción La demanda es la primera acción concreta del espacio opositor que empezó a reunirse en las últimas semanas para armar una alternativa al peronismo.
La UCR participó de esas reuniones pero no figura entre los firmantes del recurso judicial. Según Courel, el radicalismo se sumaría en los próximos días, cuando termine de regularizar su situación interna después de la intervención. “Creemos que todas las fuerzas de la oposición de Tucumán están representadas en esta acción”, sostuvo.
La gran ausencia es La Libertad Avanza, que propone a Lisandro Catalán -miembro del Directorio de YPF- como candidato a gobernador. Courel atribuyó la decisión a Catalán, al expresar que «no entendemos por qué no acompañan, esto no es una cuestión política porque lo que buscamos es que se respeten las instituciones, que haya alternancia y elecciones limpias para todos”, planteó. “Para que Tucumán salga de la pobreza y el atraso que dejaron décadas de peronismo, hay que empezar por mejorar las instituciones, y el sistema electoral es clave”, cerró.
Campero es, por ahora, el único dirigente del grupo que dijo de manera abierta que quiere competir por la gobernación tucumana. Las elecciones del 9 de mayo renovarán 347 cargos en la provincia y serán las primeras con la ley de Ficha Limpia. Ahora la Corte deberá decidir si asume la competencia originaria y si le da a la causa un trámite lo bastante rápido como para resolverla antes de que cierren las listas, en abril de 2027.
