El Bolsón: acusado de homicidio no irá al penal, pero deberá cumplir la prisión preventiva en otro domicilio
Luego de una audiencia solicitada por la querella en el juicio por homicidio que tiene como imputado a Richard Salazar, el juez revisor Martín Arroyo rechazó el pedido de enviarlo a la cárcel y resolvió que debía continuar bajo prisión preventiva domiciliaria, pero otorgó 72 horas para que la defensa proponga una vivienda distinta a la actual, donde se produjeron conflictos de convivencia que afectaron a dos menores.
Salazar está acusado de matar de una puñalada a Julián Salvo luego de un altercado relacionado con la venta de drogas. En el inicio del proceso le dictaron la prisión preventiva y hace algunos meses la defensa logró una medida atenuada, de cumplimiento domiciliario y con monitoreo electrónico. No pudo hacerlo en su casa porque vive cerca de testigos del hecho, y por eso la Justicia evaluó y aceptó alojarlo en la vivienda de una mujer, alejada de su barrio, donde conviven con dos hijas de la dueña de casa.
En las últimas semanas hubo denuncias por consumo de alcohol y estupefacientes por parte de Salazar, quien habría protagonizado situaciones de maltrato hacia la mujer que lo aloja y a las niñas, que fueron retiradas del lugar, por decisión de un juzgado de familia, ante una denuncia del padre biológico.
El juez César Lanfranchi ya descartó dos semanas atrás modificar el lugar de detención de Salazar y la querella pidió la revisión de esa medida, que fue ratificada hoy por Arroyo, con la salvedad de que la defensa deberá procurar un nuevo lugar de detención.
La abogada querellante María del Valle, dijo que existen constancias de que a la vivienda ingresan personas “del ámbito delictivo”, según informe policial. Dijo que nadie controla esas visitas, ni tampoco el ingreso de estupefacientes, y que “la tobillera no es suficiente” para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar.
Cuestionó que el juez de primera instancia haya dicho que no había “elementos objetivos” para demostrar los incidentes denunciados con los consumos problemáticos y la agresión a las menores, pero señaló que “hay dos presentaciones ante la comisaría de familia”, y si bien no se secuestraron sustancias ni hay test toxicológicos -como observó el juez- entendió que esas serían pruebas para un juicio y “no es el estándar de una medida cautelar”.
El fiscal Francisco Arrien se pronunció en el mismo sentido que la querella y dijo que “se ha incrementado el riesgo procesal” de fuga o entorpecimiento de la investigación, mientras que el abogado defensor Hugo Cancino, aseguró que “no ha sido acreditado” el consumo de alcohol y drogas por parte de Salazar , aunque señaló que es un problema que tiene asumido, el de su adicción, y que “ha pedido asistencia psicológica”.
Relacionó las denuncias sobre una afectación a las menores con “los problemas de pareja” que tiene la mujer y recordó que es empleada policial.
El juez Arroyo había comenzado a fundar su resolución cuando fue interrumpido por la madre de la víctima, quien entre sollozos le pidió que “no sea garantista” y se quejó de que “esta persona (por Salazar) ha recibido muchas contemplaciones”. Acusó al propio juez ser corresponsable de ese tratamiento supuestamente laxo que su familia “no termina de entender”,
Arroyo le dijo que “no se trata de garantismo sino de cumplir lo que dicen las normas”. Explicó que su función es aplicar esas leyes aunque no estuviera de acuerdo y que “una persona sometida a proceso es inocente, así lo dice la ley, hasta que se realice el juicio. Y debe ser tratada como inocente”.
Señaló que “la pregunta que hay que hacerle a las partes es por qué no se avanza más rápidamente hacia el control de acusación” y se realiza el juicio oral, para definir así si Salazar es culpable del crimen y debe cumplir pena.
El juez por último rechazó el pedido de la querella para enviar a Salazar a una unidad penal, pero emplazó a la defensa a encontrar otro lugar de cumplimiento para la prisión domiciliaria, “con conectividad” para garantizar el seguimiento electrónico y alejado de la vivienda de los testigos.
Fuente: Diario Río Negro — Regionales — ver publicación original.
