Ha dicho el Presidente “Si recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre de 2027, la velocidad a la que van a tomar las reformas va a ser sin precedentes en el mundo. Si ganáramos en las presidenciales, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.
Pero resulta lógicamente (y la lógica es una ciencia) imposible pensar que, quien inició unas acciones que han ido en sentido contrario y justificó ese sentido, de golpe vire 180 grados, sin reconocer que se iba en la dirección opuesta. De reconocerlo, el cambio debería implementarse de inmediato, no a partir del 11 de diciembre de 2027. Ahora, veamos a qué nos referimos con dirección opuesta.
Dirigirse hacia una economía de mercado significa dejar la actividad económica cada vez más en manos del mercado y cada vez menos en las del Estado —cuanto más rápido, mejor—, pero lo que importa es la dirección, no la velocidad. Esto implica, principalmente, más recursos (menor presión fiscal monetaria), más decisiones (desregular) y más propiedades (privatizar) en manos del mercado.
Dirigirse hacia una economía de mercado significa dejar la actividad económica cada vez más en manos del mercado y cada vez menos en las del Estado
Las privatizaciones y liquidaciones de propiedades han sido muy escasas; así, irónicamente, el resultado final es que el Estado se ha agrandado. Entre otros tantos organismos, las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas hoy tienen más capital y, al contrario del discurso de campaña, hoy el Banco Central es más fuerte, más grande, tiene reservas que superan ampliamente lo recaudado con las pocas privatizaciones y la Anses tiene más participaciones en empresas privadas.
Desde el punto de vista de los empleados públicos, si bien se produjo una reducción muy pobre en términos absolutos, el empleo privado cayó aún más, ergo, hoy hay más trabajadores públicos por cada privado que es lo que cuenta. Al contrario de lo que sostiene el gobierno, durante la actual administración el Estado se agrandó claramente desde todos los ángulos.
Desregulaciones escasas y sin impacto significativo
En cuanto a desregulaciones, en el mejor de los casos han sido muy pobres, sin ninguna incidencia importante más allá de algunas referidas al comercio exterior, lo que ha permitido un avance en las exportaciones.
En lo que a presión fiscal se refiere, sin dudas ha aumentado fuertemente y esto es lo que ha provocado la caída del PBI —del 1,72%, según el Indec— en 2024 y el muy flojo desempeño posterior. Culpar a la “herencia recibida”, el típico argumento de todos los políticos, por esta caída no es serio: una mala herencia implica que se empieza de muy abajo, incluso endeudado, pero no que se siga cayendo, es pura lógica.
La presión fiscal real -el modo en que el Estado retira recursos del mercado- no son solo los impuestos, sino también la inflación y las exageradas tasas de interés debido al endeudamiento estatal y otras regulaciones como los encajes.
Apenas asumió, este gobierno subió algunos gravámenes, pero esto no es lo más grave. Con los impuestos de los ciudadanos se financiaban los subsidios más la burocracia que los administraba. De modo que, al quitarse estos subsidios, debieron devolverse esos impuestos y allí está el beneficio social de la quita, no en otro lugar. Es decir, la ganancia de eliminar consiste en que al ciudadano se le devuelven los gravámenes equivalentes a la suba de tarifas que sobreviene, más la parte con que se financiaba a la burocracia.
La ganancia de eliminar subsidios consiste en que al ciudadano se le devuelven los gravámenes equivalentes a la suba de tarifas que sobreviene
Esto no ocurrió, no se devolvieron esos impuestos. Equivale a haberlos devuelto, dejando la situación en cero, pero luego a provocar un fuerte aumento para mantener la misma recaudación.
Así fue como, desde 2023 hasta julio de 2026, los salarios reales del sector privado cayeron un 3,6%, pero la renta disponible se desplomó entre un 22% y un 31%, ya que las tarifas de servicios acumularon un aumento de hasta 944% desde diciembre de aquel año, mientras que el IPC oficial avanzó alrededor del 328,57 por ciento.
Desde entonces, más allá de la propaganda oficial, la presión fiscal (téngase en cuenta que al ciudadano le llega no solo la nacional sino la provincial y la municipal) ha seguido creciendo y todo indica que seguirá en aumento.
El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno estima una supuesta reducción de la presión tributaria, que pasaría del 21,2% del PBI proyectado para 2026 al 19,2% en 2027. Esta disminución se explica principalmente por el crecimiento supuesto del PBI del 4%. La recaudación impositiva total se proyecta en 14,8% del PBI, con un incremento nominal del 30,6%, superando la inflación esperada del 18% y los recursos de la seguridad social sumarían el 4,4% del PBI, con un crecimiento del 19,6%, casi en línea con el IPC, y se verán afectados por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Estos números no están muy claros, de todos modos la clave para el cumplimiento de estas proyecciones reside en la tasa de crecimiento del PBI del 4%, lo que no resulta creíble dado, precisamente, el fuerte peso del Estado; con lo que los ingresos fiscales seguramente serán menores a los estimados, obligando -dada la filosofía efectiva implícita en la actual administración- a un aumento real de la presión fiscal.
La reforma pendiente: desmantelar el esquema corporativista
¿Qué debió hacerse? Desarmar el esquema corporativista vigente en la Argentina, lo que no se ha hecho por obvias razones ideológicas.
Debió desarmarse la estructura sindical liberando completamente a los trabajadores de manera que cualquiera pudiera crear y formar un sindicato, al que podrían adherir y aportar, o no, quienes quisieran
En primer lugar, debió desarmarse la estructura sindical liberando completamente a los trabajadores de manera que cualquiera pudiera crear y formar un sindicato, al que podrían adherir y aportar, o no, quienes quisieran. Esto no se ha hecho, muy probablemente, por razones ideológicas, por un desconocimiento de cómo funciona la libertad: seguramente se creyó que liberar la actividad, con el crecimiento en el número de sindicatos, aumentaría la conflictividad social, cuando la verdad es todo lo contrario.
Al liberarse, se atomizaría la fuerza política sindical, transformándose los sindicatos en verdaderas mutuales para beneficio de sus asociados, pero perdiendo su poder político que es muy pesado en Argentina. Y este debilitamiento significaría liberar un fuerte escollo, lo que le habría permitido al gobierno una desregulación general muy profunda, comenzando por las leyes laborales.
Así las cosas, podría haberse logrado pleno empleo y en crecimiento, lo que posibilitaría un fuerte recorte de los gastos sociales, ya que, según el gobierno, “el conjunto de gastos destinados a asistir directamente a personas abarca el 74,6% del total del Presupuesto Nacional 2027”, y esto habría permitido un contundente recorte de impuestos, en un círculo virtuoso de crecimiento acelerado.
El autor es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
