El ex primer ministro israelí Naftali Bennett anunció este domingo que recomendará a Gadi Eisenkot, dirigente del partido Yashar, para recibir el mandato de formar el próximo gobierno de Israel. La decisión supone un respaldo clave para el dirigente opositor en las consultas destinadas a definir quién tendrá la oportunidad de construir una nueva coalición y abre una etapa de negociaciones en un Parlamento fragmentado, con el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrentado a dificultades para conservar el poder.
Bennett comunicó su postura a través de una publicación en X, en la que confirmó que su agrupación B’Yachad apoyará la candidatura de Eisenkot. La decisión responde también a la distribución de los respaldos obtenidos por ambos espacios en las elecciones: Yashar reunió 21 apoyos, frente a los 12 conseguidos por el partido del ex jefe de Gobierno.
Desde B’Yachad señalaron que Bennett asumió un compromiso durante la campaña electoral y que ahora actúa en consecuencia. El comunicado sostuvo que el ex primer ministro dejó en claro que respetaría la decisión expresada por los votantes.
La definición se produce en medio de conversaciones entre las distintas fuerzas políticas para determinar la composición de la próxima coalición. En el sistema parlamentario israelí, los ciudadanos eligen a los integrantes de la Knesset, el Parlamento unicameral, y no directamente al jefe de Gobierno. Por ese motivo, el dirigente que recibe el encargo de formar Ejecutivo debe negociar con otros partidos hasta reunir una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.
Eisenkot también enfrenta una decisión sobre el eventual respaldo de las agrupaciones árabes israelíes, cuyo desempeño electoral les otorgó una posición relevante en la nueva distribución de fuerzas. Su participación podría resultar determinante para construir una mayoría alternativa a la de Netanyahu.
El avance de esos partidos provocó fuertes cuestionamientos del actual primer ministro y de su formación, Likud. Durante la campaña y después de conocerse los resultados, Netanyahu acusó a sectores árabes de haber manipulado el proceso electoral y sostuvo que habían “robado” la votación. Sus declaraciones generaron una controversia sobre la legitimidad de los resultados y el papel de la minoría árabe en la política nacional.
Los ciudadanos árabes de Israel representan aproximadamente el 20% de la población. Se trata, en gran medida, de descendientes de los palestinos que permanecieron en el territorio tras la creación del Estado israelí en 1948.
En ese contexto, las autoridades electorales intentaron separar las acusaciones políticas de la investigación abierta por un posible financiamiento extranjero. El jefe del Comité Central Electoral, Noam Sohlberg, aseguró que las averiguaciones no ponen en duda el resultado general de los comicios.
La investigación fue solicitada por el propio organismo electoral y quedó en manos del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí. El objetivo es determinar si el partido árabe Raam recibió dinero procedente de Qatar, una acusación que tanto la agrupación como el gobierno qatarí rechazaron.
El dirigente de Raam, Mansour Abbas, negó cualquier vínculo con el supuesto financiamiento y manifestó su disposición a que se investiguen los hechos. Qatar, por su parte, calificó las acusaciones como “ridículas y peligrosas”.
Sohlberg difundió un mensaje junto al jefe del Shin Bet y al fiscal general para transmitir garantías sobre la validez de la votación. “Su elección en las urnas será respetada”, afirmó. También explicó que, aunque las denuncias debían ser examinadas, hasta ese momento no existían conclusiones que justificaran cuestionar el proceso.
“Las sospechas siguen siendo sospechas”, remarcó el magistrado, quien agregó que las autoridades revisarán los señalamientos para establecer qué ocurrió. Incluso si las irregularidades denunciadas llegaran a confirmarse, sostuvo, eso no modificaría la integridad del procedimiento electoral ni sus resultados generales.
El funcionario también rechazó que las acusaciones contra los partidos árabes se utilicen para desacreditar la participación de sus votantes. “Los ciudadanos que acudieron a las urnas ejercieron su derecho democrático”, afirmó, y consideró positivo el aumento de la concurrencia electoral en todas las comunidades.
