El Consejo de Ministros ha aprobado este martesun real decreto-ley que permitirá al Gobierno poner un límite precios de servicios o productos en una situación de emergencia que altere de forma excepcional la oferta y la demanda, como ocurrió tras el accidente ferroviario de Adamuz, cuando los precios del resto de medios de transporte alternativos se dispararon. Así, el importe que paguen los consumidores no podrán ser superior al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar en un 50% al promedio de esos 30 días
Con esta medida, el Ejecutivo busca proteger los consumidores “ante los abusos que se han denunciado recientemente en este tipo de situaciones, como las ocurridas tras el accidente de tren en Córdoba, los incendios del pasado verano o la DANA de Valencia”. Se trata de una normativa elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y propuesta por su titular, Pablo Bustinduy, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para incorporar un límite máximo de precios en esas situaciones de emergencia con carácter extraordinario.