El Gobierno apunta a llevar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al recinto de Diputados el jueves 12 de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina. La fecha fue confirmada este martes durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, según informaron a TN fuentes de la Casa Rosada. La Libertad Avanza busca conseguir el dictamen esta semana y acelerar el tratamiento de una iniciativa que Javier Milei considera prioritaria para su gestión.
“La idea es sesionar el 12 por Malvinas”, aseguran en Nación. La fecha fue comunicada durante un encuentro con los aliados, aunque todavía no existe una convocatoria formal para el recinto. En el Gobierno sostienen que el objetivo es cerrar las negociaciones pendientes y llegar a noviembre con el proyecto en condiciones de ser votado.
La nueva hoja de ruta se definió después de que el Ejecutivo aceptara modificaciones sustanciales al texto original. En Nación reconocen que las concesiones permitieron acelerar las conversaciones con el PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas. “Admitimos modificaciones y se aceleró. Estamos tirando todos para el mismo lado”, expresó otra fuente oficial involucrada en las negociaciones parlamentarias.
El primer paso será conseguir el dictamen en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, convocado para este martes. El oficialismo llega a la reunión después de cuatro encuentros sin alcanzar los respaldos necesarios y de una postergación durante la semana pasada. En la Casa Rosada transmiten una evaluación más favorable sobre la posibilidad de reunir las firmas, aunque todavía no dan el resultado por asegurado.
“Se va a intentar cerrar el dicamten hoy”, sostenían en el oficialismo durante la mañana. Más allá de las dificultades para reunir las firmas, en las filas libertarias mantuvieron su expectativa de que el proyecto avance: “Creemos que sale hoy”. La conducción parlamentaria trabaja sobre una nueva versión del texto y mantiene abiertas las conversaciones con los legisladores que todavía plantean objeciones.
El calendario legislativo es uno de los factores que explican la decisión de apuntar al 12 de noviembre. En el Ejecutivo advierten que varios diputados viajarán a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas del 3 de noviembre y que la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11, limitará la actividad parlamentaria. La intención es retomar las sesiones apenas concluya la agenda del pontífice en el país.
La decisión también modifica la organización de una agenda que tiene al Presupuesto 2027 entre sus principales prioridades. El oficialismo mantiene como objetivo llevar la ley de gastos y recursos al recinto durante la segunda mitad de noviembre y necesita distribuir las negociaciones para evitar que se acumulen proyectos sin tratamiento. En Nación consideran que adelantar la votación de Malvinas permitiría concentrar después los esfuerzos parlamentarios en el Presupuesto y otras reformas pendientes.
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Uno de los cambios más importantes está en el alcance de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El Gobierno aceptó limitar la responsabilidad de proveedores y accionistas para evitar que las penalidades alcancen indiscriminadamente a compañías con relaciones económicas indirectas. La modificación se produjo después de las observaciones de Estados Unidos sobre las consecuencias que podía tener la redacción original para sus empresas y fondos de inversión.
El nuevo borrador exige que los proveedores suministren bienes o servicios indispensables para las actividades prohibidas y que conozcan, o no puedan razonablemente desconocer, su destino. También contempla excepciones para accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos involucrados. El Ejecutivo busca mantener sanciones contra quienes participen efectivamente de explotaciones sin autorización argentina, pero reducir el alcance sobre inversores indirectos.
La negociación también incluye modificaciones a las multas y sanciones penales previstas para las actividades alcanzadas por el régimen. El texto reformulado establece penalidades económicas de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido en determinados contratos con empresas sancionadas. Cuando ese monto no pueda calcularse, propone multas equivalentes a entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo. Además, reduce de cinco a dos años la pena mínima de prisión contemplada para ciertos proveedores esenciales.
Otro de los puntos centrales es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que Milei pretende establecer para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa, inteligencia y seguridad nacional. La propuesta negociada contempla cuatro diputados y cuatro senadores, que deberán recibir información dentro de las 48 horas sobre determinadas medidas urgentes y sanciones adoptadas por el Ejecutivo.
La Casa Rosada también aceptó incorporar mayores precisiones sobre las facultades del Consejo y la intervención del Congreso ante decisiones de especial gravedad. El nuevo esquema contempla mecanismos de control parlamentario y establece que las medidas que impliquen riesgos de guerra o represalias deberán respetar las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo. Las modificaciones responden a los planteos de los aliados, que cuestionaban la amplitud de las facultades previstas inicialmente.
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El oficialismo reformuló además el artículo que contemplaba penas de prisión para determinadas campañas de desinformación financiadas desde el exterior. La nueva versión reemplaza ese concepto por el de injerencia extranjera y exige elementos vinculados con actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas. También excluye expresamente del tipo penal el ejercicio periodístico, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación pública de intereses.
Pese a las concesiones, el Gobierno mantiene su rechazo a dividir el proyecto y tratar por separado las sanciones vinculadas con Malvinas de las reformas institucionales en defensa y seguridad. La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre y forma parte del paquete anunciado por Milei a comienzos de ese mes. En la Casa Rosada sostienen que la creación del Consejo de Seguridad Nacional y el régimen de protección de los recursos naturales deben avanzar conjuntamente.
La definición inmediata será determinar si los cambios alcanzan para conseguir el dictamen y sostener la convocatoria tentativa del 12 de noviembre. En Nación aseguran que el diálogo con los aliados permitió acercar posiciones y que el Presidente pretende avanzar con la ley después de varias semanas de demoras. La fecha comunicada este martes todavía depende de que La Libertad Avanza reúna las firmas en las comisiones y los votos necesarios para abrir el recinto y aprobar el proyecto.
