El presidente de Polonia, Karol Narowcki, llamó este sábado a “restablecer el orden jurídico” y ordenó a la Policía a retirar el bloqueo encomendado por el Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, a quien instó a asumir la responsabilidad del estallido definitivo de la crisis sobre la composición del Tribunal Constitucional.
Tras permanecer varias horas en el interior de la sede judicial, Nawrocki abandonó el edificio del alto tribunal, según informó la agencia polaca de noticias PAP. Antes de su partida, el mandatario ha encargado al portavoz de la Presidencia, Pavel Szefernaker, la lectura de un comunicado oficial en su nombre.
“Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado. He mantenido consultas con el presidente del Tribunal Supremo, quien tampoco considera legales las acciones emprendidas por las personas que se han usurpado el poder en el Tribunal Constitucional”, anunció.
Asimismo, el presidente exigió que “se restablezca el orden jurídico” y pidió a las fuerzas de seguridad enviadas por el Gobierno de Tusk a que “abandonen las inmediaciones del tribunal”.
Por último, el mandatario convocó de urgencia a las autoridades parlamentarias para “estabilizar” la situación y, asimismo, afirmó haber facilitado el ingreso del vicepresidente vetado del Tribunal Constitucional, Bartlomiej Sochanski, al Tribunal.
“Ante la amenaza a la seguridad interior de la República de Polonia, convoco para hoy unas consultas urgentes con la participación de representantes de las fuerzas parlamentarias con el fin de lograr la estabilización de la situación política y restablecer el orden constitucional”, concluyó en su breve comunicado.
En una publicación posterior, Szefernaker señaló a Tusk como causante de los incidentes ocurridos desde la tarde-noche de este viernes en Varsovia y le ha instado a asumir su responsabilidad en el marco de esta “crisis de Estado”.
El portavoz presidencial denunció que la ambición del primer ministro de “alcanzar aún más poder para sí mismo” no solo “pone en riesgo la seguridad polaca”, sino que además “presenta a Polonia ante el mundo entero como un país inestable”.
“Donald Tusk debería asumir lo antes posible la responsabilidad política y legal por lo que Polonia y el mundo entero ven hoy”, sostuvo el representante de la Presidencia, antes de asegurar que “Polonia es y seguirá siendo un Estado serio” y que “no será una república bananera”.
Crisis y disputa por la conducción del tribunal
La crisis estalló el viernes por la tarde, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció que había asumido la dirección del Tribunal Constitucional y ordenó suspender las funciones de su presidente, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente Bartłomiej Sochański. La policía entró después en la sede tras recibir una comunicación de la propia magistrada que alertaba sobre un “peligro para la vida y la integridad física” de los jueces del tribunal.
Durante la noche se concentraron ante el edificio simpatizantes del principal partido de la oposición, Ley y Justicia (PiS), Confederación y otros grupos de derecha, entre ellos el líder de PiS, Jarosław Kaczyński, y el ex primer ministro Mateusz Morawiecki.
Se registraron incidentes y enfrentamientos entre las personas concentradas y la policía durante buena parte de la noche.
Nawrocki, que interrumpió un viaje oficial a Senegal para regresar a Polonia, entró pasada la medianoche en la sede junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, y el jefe de la Cancillería Presidencial, Zbigniew Bogucki. Allí se enfrentó verbalmente a Korwin-Piotrowska y otros magistrados y, como muestran imágenes grabadas por uno de los jueces presentes, el presidente negó la legitimidad de la jueza mientras Bogucki la acusó de estar ejecutando un “golpe de Estado”.
El enfrentamiento se enmarca en la pugna entre el Gobierno de Donald Tusk y el presidente Nawrocki, aliado de PiS, por la legitimidad y el control del Tribunal Constitucional, una institución cuestionada tras la reforma judicial impulsada por el anterior gobierno conservador.
Los jueces que respaldan a Korwin-Piotrowska sostienen que pueden apartar de sus funciones a la cúpula del tribunal, mientras que Nawrocki y sus aliados consideran ilegal esa operación y la califican de “asalto” a una institución del Estado.
Tusk defendió la intervención y, en un mensaje de la plataforma X, escribió que “establecer el Estado de derecho es nuestro deber”. “Tras años de ilegalidad de PiS, es un proceso difícil, a veces doloroso y exige una acción decidida”, afirmó.
(Con información de agencias)
Fuente: Infobae — Internacionales — ver publicación original.
