En medio del debate sobre el futuro del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri intenta avanzar en una de las banderas que La Libertad Avanza no le “robó” en su totalidad: la de la seguridad.
Mientras el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, empapela la Ciudad con la recuperación de mil propiedades, los legisladores amarillos hacen lo propio y se concentran en diferentes proyectos que apuntan al mismo espectro: la seguridad.
Así, en las últimas horas ingresó un nuevo proyecto de ley al Congreso de la Nación que lleva la impronta amarilla. El jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, presentó una iniciativa para establecer un régimen obligatorio de inhibición, bloqueo y detección de señales de telefonía móvil en todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
Se trata de un tema que supo instalar en el debate la ex PRO, hoy La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pero que viene formando parte de la agenda de los republicanos desde hace tiempo.
El proyecto de ley busca impedir que los presos utilicen teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación para planificar, coordinar o ejecutar delitos desde el interior de las cárceles federales. En ese contexto, lo que plantea Ritondo junto a otros diputados de su bloque es una inversión del Sistema Penitenciario en la instalación de sistemas de bloqueo, inhibición y detección de señales de telefonía móvil y transmisión de datos en unidades penitenciarias, complejos federales, alcaidías y colonias penales.
El proyecto, que según publicó El Parlamentario es acompañado por los diputados del PRO Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Emmanuel Bianchetti, le otorga un plazo al Estado nacional para que lleve adelante la compra y colocación de los equipos necesarios.
Según el texto, deberá completarse la instalación de estos sistemas “en un plazo máximo de 180 días corridos desde la reglamentación de la ley, priorizando las unidades de máxima seguridad y aquellas que registran antecedentes de actividades delictivas organizadas mediante dispositivos móviles”.
El diputado, uno de los encargados por el PRO de negociar con La Libertad Avanza un posible acuerdo electoral de cara a 2027, establece en su proyecto quién será la autoridad de aplicación.
El texto designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación y le asigna la tarea de coordinar con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) todo lo referido a los aspectos técnicos. El problema que se presenta no es solo cómo colocar los sistemas para bloquear las señales, sino además lograr que ese bloqueo no afecte las comunicaciones fuera del establecimiento.
Más allá de que la idea es que quienes están privados de su libertad no puedan hacer un uso irrestricto de la telefonía celular, el proyecto también plantea que ese bloqueo debe concentrarse en el interior del establecimiento y no puede afectar las comunicaciones del perímetro penitenciario. Además, debe contemplar una “ventana” para que los equipos y las comunicaciones de las instituciones se mantengan operativos y no resulten afectados.
En los fundamentos, los autores sostienen que numerosos delitos complejos —entre ellos extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, amenazas, maniobras vinculadas al narcotráfico y coordinación de organizaciones criminales— continúan siendo dirigidos desde establecimientos penitenciarios mediante celulares ingresados clandestinamente. También citan experiencias implementadas en países como Reino Unido, El Salvador, Ecuador, Chile y Colombia, donde se avanzó con mecanismos de bloqueo de señales dentro de las cárceles.
Por último, el proyecto de Ritondo señala que el Ministerio de Seguridad deberá remitir al Congreso de la Nación “informes semestrales” sobre el avance de la implementación, los dispositivos detectados e incautados, los resultados obtenidos y eventuales afectaciones a terceros ajenos a los establecimientos penitenciarios.
